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Consideremos a Carlos. Tiene 42 años, trabaja en una empresa de servicios y gana 28,000 pesos mensuales. Su esposa, Mariana, es maestra de primaria y gana 22,000 pesos. Entre los dos suman 50,000 pesos al mes. Tienen cuatro hijos: dos en primaria, uno en secundaria y otro en preparatoria. Viven en una casa que renta por 8,000 pesos. Cuando llegan las vacaciones de verano, como ahora, la gente en las redes sociales comparte fotos de playas y atardeceres. Carlos y Mariana miran esas fotos desde la cocina mientras hacen cuentas.

Empecemos por lo básico. La colegiatura de los cuatro hijos suma 6,500 pesos mensuales. No es una escuela cara. Es una escuela privada modesta, porque la escuela pública en su colonia está saturada. El diplomado que Carlos está tomando para mejorar su posición en el trabajo cuesta 1,200 pesos mensuales. La gasolina del carro, que usa para ir al trabajo y llevar a los niños a la escuela, cuesta alrededor de 4,000 pesos mensuales, aproximadamente un tanque a la semana. El peaje de la carretera que toma cada día: 1,800 pesos mensuales. El seguro del carro: 1,500 pesos. Hace tres semanas se voló una llanta al pasar un bache en la avenida. La reparación costó 1,800 pesos. Eso fue dinero que no estaba presupuestado.

Luego está la comida. Hace un año, el gasto semanal de la despensa en el supermercado era de 3,000 pesos. Ahora es de 4,500 pesos. No están comprando cosas diferentes. Es la misma lista: leche, huevos, pollo, verduras, arroz, frijoles. Lo mismo cuesta un 50% más. El gasto mensual en alimentos es ahora de 18,000 pesos. Eso es más de un tercio del ingreso total de la familia.

Hay más. El teléfono celular de cada hijo: 300 pesos mensuales cada uno, son 1,200 pesos. Pero Carlos y Mariana también necesitan líneas de teléfono para trabajar y estar comunicados. Eso suma otros 600 pesos. El internet de la casa: 1,050 pesos mensuales, porque los aumentos en las tarifas han sido constantes. Netflix, porque los hijos necesitan entretenimiento: 369 pesos. Spotify plan familiar: 239 pesos. Y Canva, que ahora es una herramienta básica que los niños usan para la escuela: 149 pesos mensuales. El dentista llamó hace poco. El hijo mayor necesita brackets. El tratamiento cuesta 18,000 pesos, pagaderos en 12 meses. Eso son 1,500 pesos mensuales adicionales durante el próximo año.

Hagamos la suma. Renta: 8,000. Colegiatura: 6,500. Diplomado: 1,200. Gasolina: 4,000. Peaje: 1,800. Seguro del carro: 1,500. Comida: 18,000. Teléfono: 1,800. Internet: 1,050. Netflix: 369. Spotify: 239. Canva: 149. Brackets: 1,500. Eso suma 47,607 pesos. Y no hemos contado ropa, medicinas, útiles escolares, reparaciones de la casa, o cualquier imprevisto. Carlos y Mariana ganan 50,000 pesos. Les quedan 2,393 pesos para todo lo demás.

Cuando llegan las vacaciones escolares, los gastos no bajan. Al contrario, suben. Los hijos están en casa todo el día. La comida se consume más rápido. Mariana no tiene guardería donde dejar a los dos menores mientras trabaja, así que tiene que pedir permiso sin goce de sueldo. Eso significa que durante las seis semanas de vacaciones, la familia pierde aproximadamente 5,500 pesos de su ingreso mensual.

Entonces aparece la pregunta que Carlos y Mariana se hacen cada julio: ¿cómo hacemos para que los niños no se aburran en casa? ¿Podemos llevarlos a la playa? ¿Al menos a un parque? ¿A comer algo diferente un domingo?

La respuesta es no. No pueden. No hay dinero. No hay margen. Cada peso está asignado. Cada gasto está calculado. No hay sorpresas permitidas, porque una sorpresa significa que algo más no se paga.

Esto no es una historia de lujo perdido. No es nostalgia por vacaciones en Cancún o Acapulco. Es la historia de millones de familias mexicanas que ganan lo suficiente para no ser pobres, pero no lo suficiente para vivir sin ansiedad. Familias que trabajan, que ahorran, que hacen todo bien, y aun así descubren cada mes que el dinero no alcanza.

Lo que sorprende no es que Carlos y Mariana no puedan ir a la playa. Lo que sorprende es que nadie en el gobierno parezca verlos. Los números están ahí. La canasta básica se duplicó. Los salarios no se movieron. Las colegiaturas suben cada año. Los servicios se encarecen. Las herramientas que antes eran lujo ahora son necesidad, y también cuestan. Pero en algún lugar, alguien sigue diciendo que la economía está bien, que hay estabilidad, que hay crecimiento.

Carlos y Mariana no piden vacaciones. Piden que el dinero que ganan alcance para vivir sin hacer acrobacias. Piden que en el supermercado no tengan que elegir entre proteína y verduras. Piden que sus hijos no pasen el verano encerrados en una casa porque no hay dinero para nada más. Piden, simplemente, que la vida sea viable.

Pero mientras las redes sociales se llenan de playas y atardeceres, Carlos y Mariana están en la cocina, con la calculadora, haciendo cuentas. Y descubriendo, una vez más, que no hay forma de que los números cierren. Que la verdadera distancia que los separa del mar no se mide en kilómetros. Se mide en pesos que no existen.

Un lunes por la tarde, mientras Naomi y su hermana Victoria circulaban en su Nissan 2017 por la Av. Presidente Juárez de Tlalnepantla rumbo a su casa en Atizapán de Zaragoza, una unidad de tránsito las empareja y les señala el clásico “orillense”.

Ambas estudiantes, una de la facultad de Química de la UNAM y la otra de Enfermería del Hospital Español, no habían reparado que la verificación vehicular de su camioneta había vencido justo un día antes. Jóvenes, sin experiencia en estos trámites, sin conexiones políticas, sin recursos para abogados. No saben que ese error las costaría más de veinte mil pesos y cuatro días de sus vidas.

No pagar la verificación es una infracción administrativa. Nada grave. Pero en el Estado de México, esto desencadena una máquina de extorsión legalizada que hará que dos horas después su vehículo se encuentre a veinticinco kilómetros del lugar donde fueron detenidas. En los próximos días serán obligadas a presentar un catálogo de documentos, pagar multas y hacer pagos “sin comprobantes” para poder recuperar su vehículo.

En pocos minutos una grúa llega. El operador engancha el vehículo sin mediar palabra. Sin explicación. Para ese momento ya había otros elementos de seguridad que rodeaban “sutilmente” la camioneta, acción que intimida a las estudiantes. Naomi y Victoria, acostumbradas a aulas y laboratorios, no a confrontaciones con autoridades, entran en pánico. Solo atinan a llamar a su mamá por teléfono para decirle la situación.

Con una mirada cómplice las oficiales de tránsito avalan las acciones del operador de la grúa, que literalmente les ordena a las estudiantes bajar de su vehículo y sin más, arranca hacia destino desconocido. El auto simplemente desaparece. Así comienza el calvario.

Una vez que les dijeron a dónde llevaron su vehículo, se trasladaron al corralón y después de pagar cuatrocientos pesos de Uber para llegar, en el lugar les informan de forma cortante los requisitos. Necesita la factura original del vehículo. También necesita comprobantes de las últimas cinco tenencias. Tema complicado. La gente no guarda documentos de años. Si el vehículo tiene diez años, ¿cómo recupera tenencias de hace cinco? Además, debe tener pagada la multa de tránsito. Eso significa ir a otra oficina, hacer otra fila, esperar más tiempo, gastar más dinero. También piden identificación vigente y comprobante de domicilio.

Días después reúnen los documentos. Pagan la multa. Regresan al corralón en Cuautitlán. Finalmente, llega el momento de la verdad: ¿cuánto cuesta recuperar su vehículo?

Aquí es donde el sistema muestra su verdadera naturaleza. No hay tarifa oficial publicada en el corralón. El operador decide arbitrariamente. Sin decirlo te hace sentir: “Te cobro lo que quiero porque puedo.” Literalmente. Sin justificación. Sin recibo detallado. Solo la orden: “Sí te quieres llevar tu vehículo tienes que pagar esto”.

Según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, las tarifas oficiales son claras: arrastre desde trescientos noventa y ocho hasta mil pesos, según el peso del vehículo. Resguardo diario de setenta y cuatro pesos para automóviles. Si dejaran su vehículo cinco días en el corralón, el costo oficial sería: mil pesos de arrastre, trescientos setenta pesos de resguardo (cinco días por setenta y cuatro pesos), más la multa de tránsito. Total: aproximadamente seis mil pesos.

Pero en el corralón les cobraron veintiún mil pesos. Nueve mil de resguardo. Tres mil de cuota de administración. Seis mil del arrastre. Tres mil de la infracción; y después desembolsaron otros tres mil quinientos de la verificación extemporánea. En total, veinticuatro mil quinientos pesos. Cantidad que para dos jóvenes universitarias representa semanas de gastos, de comida, de transporte, de libros.

Ante este escenario las estudiantes no tuvieron otra opción: recurrir a un préstamo familiar para poder hacer frente a este acto de corrupción “legalizada”. No hacerlo implica que los costos crezcan y que su día a día de sus traslados sean más complicados. Necesitan moverse.

¿Cómo es posible que esto suceda? La respuesta está en la complicidad estructural.

Este año la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM) ha denunciado públicamente que la SEMOV debe frenar los abusos. Los chóferes denuncian cobros de hasta sesenta mil pesos. Varias concesionarias de grúas han sido denunciadas por cobros excesivos. Pero el sistema continúa.

¿Por qué se lleva el vehículo tan lejos? ¿Hay acuerdo entre la grúa y el corralón? ¿Hay comisión? Sospechoso. Pero el sistema les funciona demasiado bien para ser coincidencia. La grúa llega rápido porque la policía de tránsito la llama. El vehículo es transportado a un corralón distante. El ciudadano enfrenta requisitos imposibles. El corralón cobra arbitrariamente. El ciudadano paga. El corralón continúa operando sin consecuencias.

Volvamos con Naomi y Victoria. Su balance es devastador. Gastaron más de veinticinco mil pesos que no tenían presupuestados. Perdieron cuatro días de sus vidas haciendo trámites, juntando documentos y consiguiendo dinero. Su crimen: no pagar la verificación. Una infracción administrativa. Su castigo: una extorsión legalizada.

¿Cuántos casos cómo este se presentan diariamente en el Estado de México? ¿Cuántos ciudadanos comunes pasan por esto cada mes? ¿Cuántos pagan en silencio? ¿Cuántos no denuncian porque no tienen tiempo ni energía? ¿Cuánto dinero se extrae ilegalmente de los bolsillos de ciudadanos comunes cada mes?

La SEMOV existe. El decreto de dos mil veintiuno existe. Los canales de denuncia existen. Pero el ciudadano está solo.

La próxima vez que veas una grúa enganchando un vehículo, recuerda a Naomi y Victoria. Recuerda que ese ciudadano está iniciando un viacrucis. Recuerda que pagará cuatro veces más que lo permitido. Recuerda que el gobierno sabe. Y no hace nada. Recuerda que podrías ser tú.

Cada cuatro años, México se detiene para soñar con un Mundial. Discutimos alineaciones, nos ilusionamos con una nueva generación y esperamos el milagro. Sin embargo, la pregunta verdaderamente importante casi nunca nos la hacemos: ¿dónde empiezan esos sueños?

La respuesta no está en los estadios de primer mundo, sino mucho antes: en una cancha de barrio, en un entrenador capacitado, en un violín prestado o en un taller de cartonería. Empieza en un Estado que entiende que el talento —ya sea para patear un balón, para leer una partitura o para iluminar la noche— necesita políticas públicas, no solo buenas intenciones.

Durante mucho tiempo hemos cometido el error de ver las soluciones sociales como competencias. Creímos que inaugurar una plancha de cemento y ponerle dos porterías era la receta mágica para alejar a la juventud de la violencia. “El deporte sana”, decíamos, y es verdad. Pero una cancha vacía a mitad de semana no detiene una bala ni reconstruye el tejido social si no hay una identidad que la sostenga.

Marruecos nos dio una lección en Qatar 2022. Su llegada a semifinales no fue un chispazo de suerte, sino el resultado de años de invertir en infraestructura, academias y formación desde la infancia. Demostraron que el talento florece cuando el entorno lo riega. En el Edomex, en cambio, millones de niñas y niños crecen sin un espacio seguro donde descubrir para qué son buenos. A la falta de infraestructura se suma el miedo: muchas familias ya no dejan que sus hijos regresen solos de entrenar. Cuando una colonia pierde sus espacios públicos, pierde su futuro.

Pero aquí es donde entra la otra mitad de la ecuación, la que a veces olvidamos en el diseño de nuestros municipios: la cultura. El deporte disciplina el cuerpo y la mente, pero el arte genera arraigo y le da voz a quienes el sistema ha silenciado. No compiten; se necesitan mutuamente. Los guantes de boxeo, un castillo de pirotecnia y un instrumento musical son tres escudos distintos frente a la “violencia social”.

Sudamérica lo entendió hace décadas. Venezuela, con su sistema de orquestas juveniles, demostró que el rigor de la música clásica podía transformar los barrios más duros. Bolivia hizo lo propio, implementando programas de arte y música comunitaria que funcionaron como escudos sociales contra la fragmentación. No buscaban crear virtuosos para los teatros europeos, sino ciudadanos con un refugio contra la marginación y un sentido profundo de pertenencia. Ambos países probaron que donde la cultura se convierte en política pública, la identidad florece.

No tenemos que cruzar el continente para ver esto en acción. En el Estado de México tenemos un laboratorio social vivo: Tultepec. Más allá del estruendo y las luces de su pirotecnia, este municipio es un modelo de resistencia cultural que ha perdurado pese a los cambios políticos, los ciclos electorales y las batallas de gobierno de los últimos años. Ha trascendido gobiernos del PRD y de Morena, ha sobrevivido a la desaparición política de legados personales. Lo que permanece es la identidad propia de la comunidad.

Mientras en otras regiones los jóvenes se topan con esquinas dominadas por la desesperanza, en Tultepec se encuentran con escuelas de música comunitaria, talleres y bandas de viento que se heredan como el patrimonio más valioso. En ballet, en música, en pirotecnia y en artes plásticas, Tultepec está muy por encima de la media estatal. No es un accidente. Es el resultado de una comunidad que decidió que su identidad cultural era su mayor fortaleza.

Al combinar la dignificación de sus plazas con el fomento a sus tradiciones —festividades declaradas patrimonio inmaterial, simposios de escultura pública, escuelas de oficios artesanales— Tultepec demostró que el entorno físico cambia cuando el entorno social se llena de identidad. Un niño que sostiene una trompeta o diseña un torito de cartonería, al igual que una niña que domina un balón en una academia bien estructurada, es alguien que difícilmente buscará sentido de pertenencia en las filas del crimen. Porque ya lo encontró. Ya tiene un lugar donde pertenecer.

Falta mucho por perfeccionar, claro está. Hay presupuestos que transparentar, políticas que mejorar, espacios que modernizar. Pero la lección es clara y es contundente: cuando una comunidad invierte en que sus jóvenes corran, canten, pinten y creen, la violencia pierde terreno.

Es momento de que otros municipios del Estado de México miren a Tultepec no como una excepción, sino como un modelo replicable. Es un logro de la sociedad que decidió que la cultura era su escudo.

¿Por qué nuestras mayores alegrías nacionales duran noventa minutos?

No hay nada más esperanzador y democrático que un gol.

Durante unos segundos desaparecen las diferencias políticas, económicas y sociales. El empresario y el trabajador de la construcción, la estudiante y el jubilado, quien votó por un partido y quien votó por otro, todos gritan lo mismo. Todos creen que, esta vez, sí se puede.

Por eso el fútbol nunca ha sido solamente fútbol.

Como ha escrito Juan Villoro en distintas ocasiones, el fútbol también es un espejo donde un país proyecta sus ilusiones, sus frustraciones y, sobre todo, su necesidad de creer. Cuando juega México, no sólo esperamos un resultado. Esperamos una alegría.

Y eso dice mucho de nosotros.

El sociólogo Émile Durkheim llamó “efervescencia colectiva” a esos momentos extraordinarios en los que una comunidad deja de sentirse un conjunto de individuos para convertirse, aunque sea por un instante, en una sola emoción. Basta ver a millones de personas abrazarse en el después de un gol para entender que tenía razón.

Las sociedades necesitan esos momentos. Necesitan recordar que pueden ganar.

El psiquiatra Viktor Frankl escribió que el ser humano puede soportar casi cualquier circunstancia cuando conserva una razón para esperar. Tal vez por eso un triunfo deportivo produce algo más profundo que alegría, produce esperanza.

Esta semana y si nuestros deseos se cumplen, días después también, familias enteras y grupos de amigos se reunirán alrededor de un televisor. Ya sea en su hogar, ya sea en un restaurante o en un bar, con un solo deseo, ver ganar a la selección. Esa alegría colectiva es legítima y necesaria.

La pregunta que está en boca de todos: ¿y si sí? ¿Y si sí avanzamos a la siguiente ronda? ¿Y si sí podemos ser campeones del mundo? Es la frase que nos define. Refleja quiénes somos: un pueblo que vive de la esperanza, que cree en lo posible incluso cuando las probabilidades parecen remotas. Esa es nuestra fortaleza, nuestro combustible.

Lo hermoso de estos noventa minutos es que nos recuerdan algo que olvidamos en la rutina: que somos capaces de sentir juntos, de creer juntos, de querer lo mismo al mismo tiempo. Eso no es poco. Eso es casi todo.

Entonces, mientras celebramos con toda la emoción que merecemos, quizá valga la pena preguntarnos: ¿y si sí extendemos esa fe más allá del partido? No como denuncia, sino como invitación. ¿Y si sí canalizamos esa energía que nos une en la cancha hacia las cosas que nos unen en la vida cotidiana? ¿Y si sí nos atrevemos a creer con la misma intensidad en nuestras calles, en nuestras comunidades, en la convivencia de millones de ciudadanos día a día?

Yo por mi parte, cuando juegue México, estaré frente a la tele, acompañado de mi familia. Gritaré cada llegada, sufriré cada jugada y, si cae un gol, lo celebraré como estoy seguro que millones de mexicanos lo harán. Tengo mi esperanza puesta en ello. Tengo mi veladora prendida.

Hay miles de padres mexiquenses que este domingo abrazarán a sus hijos unas cuantas horas. El lunes volverán a salir de casa antes del amanecer y regresarán cuando ellos ya estén dormidos, no porque así lo quieran, sino porque así lo impone una realidad hecha de largas jornadas laborales, traslados interminables y un costo de vida que obliga a trabajar cada vez más para alcanzar cada vez menos.

El Día del Padre nunca ha ocupado el mismo lugar que el Día de la Madre, durante décadas pensamos que la principal obligación de un padre era una sola: salir a trabajar. Y aunque esa responsabilidad sigue siendo fundamental para millones de hombres, la paternidad empezó a cambiar muy rápido en relativamente poco tiempo.

Hoy también hay padres que preparan el desayuno, llevan a sus hijos a la escuela, acuden a consultas médicas, ayudan con las tareas, cambian pañales, cuidan solos a sus hijos después de un divorcio o tras la pérdida de su pareja. La familia mexicana cambió y también cambiaron las formas de ejercer la paternidad. Los propios datos del INEGI muestran la diversidad de los hogares mexicanos y que existen familias monoparentales encabezadas tanto por mujeres como por hombres, una realidad que poco a poco deja de ser excepcional.

Sin embargo, nuestras políticas públicas parecen seguir ancladas en la idea de que el padre solamente es proveedor.

En el Estado de México hay miles de hombres que pasan entre cuatro y seis horas diarias en traslados. Hemos hablado muchas veces del aumento en el costo del transporte público, del tiempo perdido en el tráfico, de la inseguridad en la combi,  y de las largas distancias entre la vivienda y el empleo. Todo eso tiene un impacto económico, pero también uno profundamente humano: les roba tiempo con sus hijos.

Y el tiempo no vuelve.

Hay niños que crecieron viendo salir a su papá cuando todavía era de noche y regresar cuando ellos ya estaban dormidos. No por falta de cariño. No por desinterés. Sino porque el modelo de movilidad, los bajos salarios y las jornadas excesivas les impidieron estar presentes.

Por eso creo que ya es momento de dejar de hablar únicamente de las obligaciones de los padres y empezar a hablar también de sus derechos.

El derecho a un transporte público digno.

El derecho a jornadas laborales compatibles con la vida familiar.

El derecho a licencias suficientes para cuidar.

El derecho a participar plenamente en la crianza de sus hijos.

Porque fortalecer a las familias no depende solamente del esfuerzo de quienes las integran. También requiere gobiernos que entiendan que el tiempo es una política pública.

Además, ignorar este problema tiene consecuencias. El estrés crónico, el agotamiento y las enfermedades derivadas de jornadas excesivas terminan llegando a un sistema público de salud que ya enfrenta enormes retos. Cuidar el tiempo de las familias también es prevenir enfermedades y reducir costos sociales.

Este Día del Padre vale la pena reconocer a quienes todos los días hacen un enorme esfuerzo por sostener a sus familias, pero el mejor homenaje no son los regalos ni las felicitaciones, es construir un Estado donde ser un padre presente no dependa de sacrificar el empleo o recorrer cuatro horas diarias para llegar a casa.

Porque una familia fuerte necesita ingresos, sí. Pero también necesita tiempo. Y hoy, para miles de padres mexiquenses, el tiempo se ha convertido en el lujo más caro de todos.

El politólogo alemán Ralf Dahrendorf dedicó buena parte de su obra a demostrar que el conflicto no es una enfermedad de la democracia. Por el contrario, es una consecuencia natural de una sociedad libre. Donde existen ciudadanos capaces de organizarse, expresar inconformidades y defender sus intereses, inevitablemente existirán diferencias, tensiones y conflictos.

La democracia necesita conflicto. Lo que no puede permitirse es convertir el conflicto en un modelo permanente de gobernabilidad.

Vale la pena recordarlo porque durante las últimas semanas millones de personas en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana del Valle de México han vivido las consecuencias de una política que parece cada vez más acostumbrada a administrar crisis que a resolver problemas.

Bloqueos, marchas, plantones, avenidas cerradas, estaciones saturadas y horas interminables perdidas en el transporte se han vuelto parte de la rutina diaria. Mientras dirigentes sindicales y funcionarios negocian en mesas de diálogo, millones de ciudadanos simplemente intentan llegar a su trabajo, a la escuela o a una cita médica.

Los conflictos sociales cumplen una función importante. A lo largo de la historia, muchos avances democráticos surgieron precisamente de ellos. Los derechos laborales, la jornada de ocho horas, el voto de las mujeres o los movimientos por los derechos civiles fueron resultado de ciudadanos organizados para exigir cambios. Muchas veces los conflictos no crean los problemas, simplemente los hacen visibles y obligan a las instituciones a mirar aquello que durante años prefirieron ignorar.

Por eso las protestas forman parte de cualquier democracia sana. Lo preocupante es cuando parece que sólo mediante el conflicto se consigue atención. Cuando un problema únicamente se atiende después de bloquear una carretera, cerrar una avenida o paralizar una ciudad, la señal que reciben todos los demás sectores es muy clara: para ser escuchados primero hay que generar presión.

Y entonces el conflicto deja de ser una excepción para convertirse en una regla.

Los mexiquenses conocemos bien las consecuencias de esa lógica. Miles de personas salen de sus hogares antes del amanecer para recorrer trayectos que en ocasiones superan las dos horas de ida y otras dos de regreso. Cuando una vialidad principal es bloqueada, el caos se multiplica. El Metro se satura aún más, las combis y autobuses resultan insuficientes, los tiempos de traslado se disparan y muchas personas terminan caminando kilómetros adicionales para poder avanzar apenas unos cuantos metros.

Lo que para algunos actores representa una estrategia legítima de presión política, para millones de familias significa agotamiento físico, estrés, gastos adicionales y una calidad de vida cada vez más deteriorada.

Pero existe una consecuencia todavía más delicada. Entre quienes quedan atrapados en medio de estos conflictos también hay personas que intentan llegar a consultas médicas, tratamientos especializados o estudios clínicos que tardaron semanas o incluso meses en conseguir. Para alguien que espera una cita en un hospital de especialidad, perder una consulta puede significar retrasar un diagnóstico o posponer un tratamiento indispensable.

Por eso las democracias maduras no se distinguen porque nadie proteste. Se distinguen porque las instituciones son capaces de escuchar antes de que sea necesario protestar.

Escuchar a tiempo. Dialogar a tiempo. Resolver a tiempo.

Esa es la verdadera función de la política.

Los conflictos son necesarios porque permiten visibilizar problemas y obligan a los gobiernos a corregir errores. Sin conflicto no hay cambio. Pero una democracia no puede vivir indefinidamente del conflicto.

La democracia necesita conflicto. Lo que no puede permitirse es convertir el conflicto en un modelo permanente de gobernabilidad.

Cuando eso ocurre, las instituciones dejan de conducir a la sociedad y comienzan simplemente a reaccionar ante ella. El gobierno pierde la capacidad de anticiparse, construir acuerdos y resolver los problemas antes de que estallen.

Y cuando la política deja de resolver para limitarse a administrar crisis, lo que aparece ya no es gobernabilidad.

Es, simplemente, la política del caos.

La libertad de expresión suele entenderse como un derecho de periodistas, medios de comunicación o figuras públicas.

Pero en realidad es algo mucho más profundo, es uno de los pilares que sostienen a cualquier democracia.

Porque una democracia no solamente se define por elecciones. También se define por la posibilidad de cuestionar al poder, denunciar abusos, expresar desacuerdos y permitir que existan voces distintas sin miedo a represalias.

Por eso, cuando la democracia comienza a erosionarse, una de las primeras señales aparece justamente en la libertad de expresión.

No siempre de manera abierta, no siempre mediante censura directa.

A veces ocurre lentamente, con miedo, con violencia, con autocensura. Con periodistas que dejan de investigar ciertos temas porque saben que hacerlo puede costarles la vida.

México conoce bien esa realidad.

En distintos estados del país, particularmente en regiones golpeadas por el crimen organizado, muchos periodistas han tenido que aprender a callar para sobrevivir.

Ha ocurrido en Sinaloa, Veracruz, Edomex, Michoacán, por regiones o en zonas completas donde informar sobre narcotráfico, corrupción o violencia significa colocarse en riesgo permanente.

Y quizá lo más grave es que poco a poco la sociedad empieza a normalizarlo.

Como si fuera natural que existan temas prohibidos.
Como si hubiera territorios donde preguntar ya no fuera posible.
Como si el silencio fuera parte inevitable de la vida pública.

Pero una democracia nunca debería acostumbrarse al silencio.

Porque cuando un periodista calla por miedo, también pierde información toda la sociedad.

Ryszard Kapuscinski decía que para ejercer el periodismo primero había que ser buena persona, porque el verdadero periodismo implica comprender a los otros y acercarse a la realidad de la gente.

Y justamente ahí está el fondo del problema.

La libertad de expresión no existe solamente para proteger opiniones. Existe para proteger la verdad pública.

Existe para que el poder tenga límites, para que los abusos puedan conocerse, para que la corrupción pueda exhibirse, para que las víctimas puedan ser escuchadas.

La historia mundial demuestra que las democracias se fortalecen cuando existen periodistas capaces de investigar con libertad.

El caso Watergate en Estados Unidos permitió exhibir abusos de poder que terminaron provocando la renuncia del presidente Richard Nixon.

Los Papeles de Panamá revelaron redes internacionales de evasión fiscal, corrupción y ocultamiento de recursos.

En México también existen investigaciones periodísticas que ayudaron a visibilizar casos de corrupción, desapariciones, conflictos de interés y violaciones a derechos humanos que probablemente jamás habrían salido a la luz sin una prensa libre.

Por eso defender la libertad de expresión no es defender solamente a los medios de comunicación, es defender el derecho de la sociedad a conocer la verdad.

Y hoy el riesgo no proviene únicamente de la violencia criminal.

También existe una erosión social más silenciosa.

La polarización, la agresividad política, el insulto permanente.
Las redes sociales convertidas muchas veces en espacios donde pensar distinto parece motivo suficiente para destruir al otro.

Todo eso va deteriorando la conversación pública.

Y una democracia sin conversación termina debilitándose desde dentro.

Porque el problema no comienza cuando se prohíbe hablar, el problema comienza cuando las personas prefieren callar.

Un país donde la gente tiene miedo de hablar nunca termina de ser libre.

Y quizá el mayor desafío democrático de México hoy no es solamente garantizar elecciones libres.

Es garantizar que la verdad todavía pueda decirse sin miedo.

Por eso, conmemorando el Día de la Libertad de Expresión, también vale la pena reconocer a quienes siguen ejerciendo el periodismo aun en medio de la presión, la violencia, las amenazas y el desgaste diario.

A quienes siguen siendo incómodos para el poder.
A quienes siguen preguntando.
A quienes siguen investigando.
A quienes siguen narrando la realidad aunque muchas veces hacerlo implique riesgos personales.

A los periodistas que todos los días intentan plasmar la realidad en periódicos, portales de noticias, estaciones de radio, canales de televisión y espacios digitales, mi solidaridad y reconocimiento.

Porque el periodismo nació para incomodar al poder, no para hacer caravana frente a él.

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) vive hoy en una paradoja que desafía cualquier estadística oficial, mientras los titulares internacionales, las redes sociales y encuestas recientes sugieren que el 89% de los extranjeros residentes se sienten seguros en nuestro país, quienes recorremos diariamente las arterias del Estado de México y la Ciudad de México, percibimos una realidad distinta, una crispación social que ha convertido lo cotidiano en un campo de batalla.

Es fascinante y, a la vez, doloroso observar este contraste en las pantallas y los videos de los creadores de contenido extranjeros, México es un refugio de cultura, calidez, color y una empatía desbordante.

Sin embargo, para el ciudadano de a pie, esa imagen parece diluirse al salir a la calle, donde la seguridad no solo se mide en grandes operativos, sino en la fragilidad de una convivencia que parece salirse de control, no solo de las autoridades, sino de la sociedad misma.

La violencia actual no necesita de grandes detonantes; se ha vuelto cotidiana y carece de tapujos. Basta un incidente de tránsito menor, un empujón involuntario en la banqueta o un automóvil mal estacionado frente a una vivienda para que la furia escale a niveles alarmantes. Esta agresividad al volante y en las calles, que se refleja en el aumento del 23% en los incidentes viales este trimestre, es el síntoma de una sociedad al límite que también se filtra a las escuelas y las aulas.

Mientras tanto, la agenda política parece moverse en otra frecuencia. Se habla de reformas judiciales que posponen elecciones para 2028 y de planes para mitigar la crisis del agua en Naucalpan.

Incluso nos preparamos para los “malabares” logísticos de ser sede del Mundial 2026. Pero ¿de qué sirven los estadios renovados, si los locales hemos perdido la confianza en el vecino y si el transporte público continúa siendo territorio de nadie?

Rumbo al Mundial, la CDMX y el Edomex harán lo imposible por mostrar su mejor cara al mundo; sin embargo, el reto más grande no es logístico, sino social.

Es momento de que las políticas públicas dejen de mirar solo a las cifras de alto impacto y comiencen a sanar la violencia silenciosa de cada esquina. De lo contrario, seguiremos siendo ese país que todos aman visitar, pero en el que cada vez es más difícil convivir.

Hay millones de mexiquenses que todos los días salen de madrugada a partirse la madre para sacar adelante a sus familias. Se levantan antes de las cinco de la mañana, pasan dos o tres horas atrapados entre tráfico y transporte, trabajan jornadas larguísimas y regresan pensando cómo van a pagar la renta, la comida, la escuela.

Quizá uno de los problemas más graves de México es que ese desgaste ya se volvió normal. Normal vivir cansado. Normal dormir poco. Normal sentir ansiedad por dinero. Normal vivir con miedo. Normal llegar agotado incluso antes de empezar el día siguiente.

México sigue siendo uno de los países donde más horas se trabajan dentro de la OCDE. Mientras en varios países europeos las jornadas rondan entre mil 300 y mil 500 horas al año, en México el promedio supera las dos mil 200 horas laborales anuales.

El problema nunca fue que el mexicano no trabajara. El mexicano trabaja muchísimo. El problema es que trabaja demasiado y cada vez vive menos.

En la Zona Metropolitana del Valle de México el desgaste no termina al salir del trabajo.  Millones de personas invierten entre dos y cuatro horas diarias en traslados. Eso significa cerca de mil horas al año atrapados en tráfico o transporte público. Más de cuarenta días completos únicamente trasladándose.

Ahí aparece algo profundamente injusto: la pobreza de tiempo. Porque la pobreza ya no solamente es no tener dinero. También es no tener tiempo para descansar, para convivir con los hijos, para hacer ejercicio, para dormir bien. No tener tiempo para vivir.

Es lo que el cantautor Rockdrigo González capturó en su canción “No tengo tiempo”: ese sentimiento de ser una máquina, una sombra borrosa, una tuerca en un engranaje que no nos deja espacio para cambiar, para respirar. La máquina nos ha vuelto automáticos, caminamos sin rumbo, masticando verdades gastadas. Y aunque sabemos que aún hay tiempo para atracar en un puerto seguro, cada día ese puerto se ve más lejano.

Y a todo eso se suma la incertidumbre permanente. La gasolina sube. La tortilla sube. La renta sube. El transporte sube. Las deudas crecen. Y el dinero rinde menos cada quincena.

Entonces el cuerpo empieza a cobrar factura. El estrés crónico genera cansancio emocional, pero también hipertensión, ansiedad, depresión, insomnio, gastritis, problemas cardiovasculares y agotamiento mental permanente.

De acuerdo con cifras del IMSS, alrededor del 75 por ciento de los trabajadores mexicanos padecen algún nivel de estrés laboral. Estamos hablando de un problema social masivo.

Y aquí hay una responsabilidad pública que no puede ignorarse. Cuando los gobiernos permiten ciudades donde la gente pierde horas enteras en movilidad, donde la inseguridad obliga a vivir en alerta permanente y donde el costo de vida rebasa el ingreso de las familias, el desgaste emocional deja de ser un asunto individual. Se vuelve consecuencia de un modelo que el Estado ha sido incapaz de corregir.

Es como si viviéramos en una ciudad construida para el agotamiento. Cada estructura, cada decisión de política pública, cada falta de inversión en transporte, conspira para que el ciudadano promedio llegue completamente vaciado. No es un accidente. Es un sistema.

Y tarde o temprano esa factura llega al sistema público de salud, ya debilitado y saturado, que tendrá que enfrentar el aumento de enfermedades asociadas al estrés crónico, la ansiedad y los padecimientos cardiovasculares derivados de una sociedad bajo tensión permanente. Y todavía está la inseguridad. Salir con miedo al asalto. Mandar ubicación en tiempo real. Evitar ciertas calles. Mirar constantemente hacia atrás. Todo eso también desgasta emocionalmente, afectando la manera en que convivimos, descansamos e imaginamos el futuro.

El problema ya no es solamente cuánto gana una familia. Es cuánto desgaste emocional cuesta sobrevivir en México. Quizá lo más preocupante no es el cansancio mismo, sino que ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos al estrés, al agotamiento, a vivir acelerados. Y una sociedad que normaliza el cansancio corre el riesgo de olvidar cómo era vivir con tranquilidad.

En México, millones de maestras y maestros siguen entrando todos los días a un salón de clases intentando sostener algo que el propio Estado parece haber dejado de cuidar hace tiempo: el futuro del país.

Lo hacen entre carencias, rezagos acumulados, grupos saturados y escuelas que, en muchos casos, ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para enseñar en un mundo globalizado.

Mientras otras naciones preparan generaciones para competir en programación, innovación y tecnología, millones de estudiantes mexicanos siguen aprendiendo sin internet, sin computadoras y, a veces, hasta sin electricidad.

Y quizá ahí está una de las discusiones más incómodas de nuestro tiempo: México no solamente dejó solos a sus maestros. También está dejando atrás a las generaciones que deberán competir contra el mundo.

Los datos son demoledores.

Según cifras retomadas por el IMCO sobre el ciclo escolar 2024-2025, el 20 por ciento de las escuelas del país no tiene electricidad.

• El 64 por ciento no cuenta con internet.
• Menos del 40% por ciento dispone de computadoras para actividades educativas.
• Un tercio sigue sin acceso adecuado a agua potable,
• y apenas el 20 por ciento tiene infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad.

Es decir, millones de niñas, niños y jóvenes están intentando construir su futuro en condiciones profundamente desiguales frente al resto del mundo.

Y aun así, el país sigue esperando que los maestros resuelvan solos lo que el Estado no ha sido capaz de garantizar.

Porque hoy el maestro mexicano no solamente enseña.

También enfrenta rezagos de aprendizaje derivados de pandemia, contiene problemas emocionales, se enfrenta a entornos francamente violentos, intenta reducir desigualdades sociales dentro del aula y trabaja, sin herramientas tecnológicas suficientes para preparar a sus alumnos frente a una economía cada vez más competitiva y digitalizada.

México le exige resultados de primer mundo a docentes que trabajan bajo condiciones de abandono institucional.

Y mientras eso ocurre, el rezago educativo comienza a transformarse en algo todavía más grave: una desventaja estructural para el país entero.

Los resultados internacionales lo reflejan con claridad. México permanece entre los últimos lugares de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan competencias básicas en matemáticas. El problema ya no es solamente cuántos niños van a la escuela. El problema es cuántos realmente están aprendiendo lo necesario para competir en un mundo que avanza cada vez más rápido.

Ahí está el verdadero riesgo nacional.

Porque las economías más fuertes entendieron hace años que la educación no es gasto público, sino inversión estratégica. Los países que hoy lideran innovación, productividad y desarrollo tecnológico comenzaron fortaleciendo sus sistemas educativos, modernizando sus escuelas y preparando generaciones capaces de competir globalmente.

México, en cambio, sigue intentando incorporarse al futuro mientras millones de alumnos estudian en condiciones propias del pasado.

Y esa desigualdad ya empezó a heredarse.

Un niño que hoy aprende sin internet, sin herramientas digitales y con rezagos educativos no competirá mañana bajo las mismas condiciones que otros jóvenes del mundo. La desventaja comienza desde el aula.

Por eso el problema no es solamente cuánto gana un maestro.

El problema es cuánto pierde un país cuando deja solos a quienes todavía intentan sostener su futuro dentro de un salón de clases.

Porque mientras millones de docentes siguen haciendo lo imposible para educar generaciones completas, el Estado mexicano parece haber normalizado algo peligrosísimo: que las nuevas generaciones aprendan en desventaja.

Y ningún país se desarrolla condenando a sus niños a competir desde atrás.