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El informe dice lo que el gobierno hizo. La glosa permite preguntar si funcionó.

Después del informe de la gobernadora Delfina Gómez, integrantes de su gabinete acudirán al Congreso del Estado de México, no deberían hacerlo para repetir cifras o enumerar programas. Van a rendir cuentas.

La investigadora Adina Maricut-Akbik ha estudiado las preguntas parlamentarias como una herramienta de fiscalización y plantea algo fundamental, la rendición de cuentas no puede evaluarse solamente por lo que pregunta el Legislativo, sino también por la capacidad y disposición del Ejecutivo para responder.

Dicho de manera sencilla: no hay verdadera rendición de cuentas si hay preguntas, pero no respuestas.

Por eso los diputados tenemos la obligación de preguntar y los funcionarios públicos la obligación política de escuchar y responder.

Preguntar cuánto se gastó, pero también qué resultados produjo ese dinero, saber cuántas acciones realizó una secretaría, pero sobre todo si mejoraron la vida de las personas. Conocer qué metas se cumplieron, cuáles no y por qué.

Eso no es confrontación. Es democracia.

La democracia necesita mayorías para gobernar, pero también minorías que pregunten; la oposición debe ser un contrapeso que cuestione lo que no funciona, proponga alternativas y también reconozca los resultados.

Escuchar esas voces no es una concesión, quien ejerce el poder debe estar dispuesto a escuchar incluso las preguntas incómodas. Ningún gobierno debería rendirse cuentas a sí mismo.

Además, pronto discutiremos el presupuesto para 2027. ¿Cómo decidir cuánto dinero destinaremos nuevamente a seguridad, salud, educación o movilidad si antes no preguntamos qué resultados produjo el dinero que ya se gastó?

Primero se informa. Después se pregunta. Luego se decide.

Una buena glosa no se mide por cuántas preguntas hacemos los diputados, sino por cuántas respuestas obtiene la sociedad.

Las familias mexiquenses no necesitan aplausos ni pleitos entre partidos, necesitan resultados.

Nosotros tenemos la obligación de preguntar, quien gobierna, la obligación de responder.

Cuando quedarse ya no es opción. Primero tienes miedo; después cambias tus hábitos; luego modificas tu vida hasta que un día cambias de casa.

En el Estado de México, más de 67 mil hogares tuvieron al menos a una persona que se cambió de casa por violencia o inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. Esos hogares reúnen a alrededor de 207 mil personas.

El dato es brutal porque mudarse nunca es una decisión menor. Una casa no son solamente cuatro paredes; alrededor de ella organizamos buena parte de nuestra vida: la familia, los amigos, la escuela de los hijos, el trabajo, los vecinos y, muchas veces, el patrimonio familiar de toda una vida.

Para muchas familias mexicanas, tener una casa propia significa décadas de trabajo, ahorro y sacrificios. Cambiarse implica conseguir nuevos empleos, modificar traslados, alejarse de personas queridas, cambiar de escuelas y comenzar de cero la vida cotidiana.

Por eso debemos encender todas las alertas cuando el miedo llega a pesar más que todo eso.

Durante muchos años, cuando escuchábamos hablar de personas que abandonaban su lugar de residencia por la violencia, pensábamos en pequeñas comunidades, pueblos de la sierra o regiones disputadas por grupos criminales. Hoy estamos hablando del Estado de México, el corazón demográfico del país.

Y otro dato ayuda a entender lo que está ocurriendo: la ENVIPE 2026 señala que el 90 por ciento de los adultos mexiquenses considera inseguro vivir en el Estado de México. Además, durante 2025 se estimaron 31 mil 889 víctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes. Nueve de cada diez mexiquenses viven con zozobra.

El miedo no es una cifra abstracta; tiene rostro, calles y colonias concretas. Comienza cuando la esquina donde jugaban los niños se convierte en punto de vigilancia o cobro de piso, y cuando grupos delincuenciales que se sienten intocables, con un arma en la cintura, deciden quién transita y a qué hora.

A esa intimidación se suma el desgaste diario que asfixia a las zonas metropolitanas, particularmente en el Valle de México: traslados eternos de dos o tres horas, calles destrozadas, falta de alumbrado y una tensión colectiva que mina el ánimo ciudadano. En medio de ese estrés y abandono, la convivencia vecinal se marchita y organizarse en comunidad se vuelve cuesta arriba. Cuando el espacio público se abandona y el tejido social se debilita, la delincuencia se adueña del territorio sin encontrar resistencia. Hasta que, para muchas familias, la opción no es resistir, sino tomar la decisión más amarga: “hay que irse”.

Ahí la inseguridad cruzó una frontera inaceptable.

Porque una política de seguridad no puede evaluarse únicamente contando patrullas, detenciones o carpetas de investigación; debe medirse por el derecho que nos han arrebatado a vivir en paz en nuestras propias comunidades.

En esta tarea, los gobiernos municipales tienen una deuda impostergable. No pueden seguir mirando hacia otro lado ni gobernando con el cálculo de la reelección o de la próxima campaña cuando apenas llevan unos meses o un año en funciones. La paz social se construye a ras de suelo: rescatando el parque abandonado, iluminando la calle oscura, arreglando las avenidas y respaldando al vecino para que recupere la confianza en su entorno.

Los más de 67 mil hogares no son un número frío; representan familias, vecinos, compañeros de trabajo o amigos a los que el Estado les falló.

Nadie abandona por gusto el lugar donde construyó su vida. Cuando la violencia obliga a una familia a marcharse, no solo le arrebata la tranquilidad: le quita el derecho a echar raíces donde alguna vez llegó con la esperanza de una vida mejor. Garantizar que nadie más tenga que empacar su patrimonio por miedo exige autoridades que se pongan a trabajar hoy, no políticos que solo piensen en la siguiente elección.

Esta semana presentaré mi segundo informe de labores legislativas. Podría aprovechar este espacio para hablar de las más de 40 iniciativas que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario del PRD, de las causas que hemos llevado al Congreso o de las comunidades que hemos recorrido.

Todo eso importa y debe ser informado. Pero rendir cuentas no consiste únicamente en decir lo que hicimos. También implica reconocer lo que no hemos logrado y preguntarnos, con honestidad, qué falta por hacer.

Y falta mucho.

Durante décadas, desde la izquierda, luchamos contra un sistema político que se había alejado de la gente. Defendimos libertades, derechos sociales y programas públicos. Salimos a las calles porque creíamos que la política tenía que servir para cambiar la vida de quienes menos tienen.

Muchos de quienes participaron en aquellas luchas hoy están en el poder. Algunos comenzaron su historia política en el PRD y después encontraron otros caminos y otras siglas.

Eso no tendría por qué ser un problema. El problema comienza cuando cambiar de partido también significa cambiar de causas: cuando aquello que antes indignaba empieza a justificarse; cuando lo que antes se denunciaba deja de reconocerse como un problema; cuando llegar al poder se convierte en razón suficiente para abandonar la lucha.

No luchamos simplemente para cambiar a las personas que ocupaban las oficinas.

No luchamos por cambiar de lugar con los de arriba, sino para que cambien las cosas abajo.

Y basta recorrer cualquier comunidad del Estado de México para entender que esa tarea está lejos de terminar.

Una familia puede recibir un apoyo económico —y qué bueno que así sea; por ello hemos luchado desde hace casi tres décadas— y, aun así, abrir la llave sin encontrar agua. Una mujer puede tener más derechos reconocidos por la ley y seguir sintiendo miedo al regresar a casa. Una persona puede llegar a un hospital y no encontrar medicamentos. Un joven puede recibir una beca y, aun así, no encontrar oportunidades para construir su futuro.

Por eso seguimos siendo oposición.

No porque queramos que al gobierno le vaya mal. Cuando un gobierno fracasa, la gente paga las consecuencias.

Ser oposición significa respaldar lo que funciona, proponer lo que hace falta y señalar lo que está mal, gobierne quien gobierne. Significa no perder la capacidad de indignarnos ante aquello que durante años dijimos que queríamos cambiar.

Ese es también el sentido de rendir cuentas.

Después de dos años, podemos hablar de iniciativas, recorridos y resultados. Pero sería absurdo presentar este informe como si los problemas estuvieran resueltos.

Mientras una familia reciba un apoyo, pero no tenga agua, hay razones para seguir luchando.

Mientras una mujer tenga derechos escritos en la ley, pero siga viviendo con miedo, hay razones.

Mientras alguien llegue a un hospital y no encuentre la atención que necesita, hay razones.

Mientras un joven estudie, se prepare y no encuentre oportunidades, hay razones.

Y mientras una comunidad levante la voz y el poder no la escuche, hay razones.

Por eso este segundo informe no es una meta ni una celebración. Es apenas la campana que anuncia el siguiente “round”.

Algunos llegaron al poder y abandonaron la lucha. Nosotros seguimos en ella.

Mientras existan razones para ser oposición, la lucha continúa.

Cuando el gobierno anuncia un festival cultural aparecen carteles, fechas, artistas y fotografías de plazas llenas. Lo que casi nunca aparece con la misma facilidad es la cuenta completa.

¿Cuánto costó? ¿Cómo se contrató a los artistas? ¿Qué empresas se encargaron del escenario, el sonido y la publicidad? ¿Quién decidió la programación?No estamos contra los festivales. La cultura debe salir a las calles, llenar plazas y llegar a todo el Estado de México.  También es válido invitar a artistas reconocidos. El problema comienza cuando todo se reduce al nombre más famoso del cartel y nadie explica qué pasó con el dinero público.

La información puede estar repartida entre contratos, partidas y portales de transparencia. Pero si un ciudadano necesita convertirse en investigador para encontrarla y entenderla, entonces no estamos hablando de verdadera rendición de cuentas.La ley obliga a informar sobre presupuestos, contratos y procedimientos de adjudicación. Cumplir no debería significar subir archivos difíciles de encontrar. Debería significar presentar, por cada festival, una cuenta sencilla: cuánto se autorizó, cuánto se gastó, a quién se contrató y qué resultados se obtuvieron.Pero hay otra pregunta que debemos hacer: ¿dónde están los artistas mexiquenses?

En nuestros municipios hay músicos, bailarines, actores, escritores, artesanos, cineastas y colectivos que llevan años trabajando con pocos recursos y casi sin reflectores. Sin embargo, cuando llega el gran festival, no siempre tienen una oportunidad real de ocupar el escenario principal.

Abrir un espacio cuando todavía no llega la mayoría del público no es impulsar el talento local. Invitar a una agrupación sólo para completar el programa tampoco lo es. Dar una oportunidad significa convocatorias abiertas, reglas claras, honorarios justos, buenos horarios y condiciones técnicas dignas.

Tampoco se trata de decidir desde un escritorio qué expresión es cultura y cuál no. La música popular también es cultura. Lo son el teatro, la danza, la literatura, el cine, las tradiciones de los pueblos originarios y las nuevas expresiones urbanas. Por esa diversidad, los festivales públicos no deberían parecer una lista de contrataciones comerciales.

Cada festival tendría que contar con un expediente público y fácil de consultar. Antes del evento, deberían conocerse el presupuesto, los objetivos y los criterios para seleccionar artistas. Después, el gasto final, los contratos y los resultados. No sólo cuántas personas asistieron, sino cuántos talentos locales participaron, de qué municipios llegaron y cuánto se les pagó.Un festival no es exitoso solamente porque llenó una plaza. También debe formar públicos, abrir oportunidades y dejar algo en la comunidad cuando se apagan las luces.

La cultura no puede utilizarse como escenografía del gobierno en turno. Es un derecho y también una inversión social. Si el escenario se monta con dinero de todas y todos, las cuentas también deben estar a la vista.

Que brillen los festivales, sí. Pero que no permanezca en la sombra la forma en que se gasta el dinero.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta todos los días con el espacio de comunicación política más poderoso del país. Desde Palacio Nacional, la conferencia mañanera le permite informar sobre programas, explicar decisiones, presentar cifras, responder a la coyuntura y fijar la posición de su gobierno, con una amplia difusión a través de los medios y plataformas del Estado.

Por eso, después de su segundo informe, vale la pena hacer una pregunta muy sencilla: si la Presidenta tiene todos los días un espacio para informar, ¿qué debería ofrecernos de diferente un informe anual?

La respuesta no puede ser solamente más cifras, más programas o un recuento de lo realizado. Tampoco debería servir únicamente para convencer a quienes ya están convencidos.

Después de una elección se gobierna también para quien votó por la oposición, para quien no votó y para quien simplemente quiere tener certeza sobre el futuro de su familia y del país. Un informe de labores tendría que hablarle a todos.

Por eso debería responder tres preguntas: ¿dónde estamos?, ¿qué no está funcionando? y ¿hacia dónde vamos?

La primera obliga a rendir cuentas. La segunda exige algo poco frecuente en nuestra política: reconocer errores. Y la tercera exige liderazgo, porque gobernar no es solamente administrar lo que ya existe, sino establecer prioridades y construir un rumbo.

Y quizá ahí está una de las principales dudas que dejó el reciente informe presidencial.

Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a buena parte de la política social construida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una agenda importante y necesaria frente a las enormes desigualdades que todavía existen en México. Pero recordemos que no nació con Morena.

Muchas de esas luchas tienen antecedentes en la izquierda mexicana y en el Partido de la Revolución Democrática desde hace casi tres décadas. En el Estado de México, el PRD hizo del combate a la desigualdad y del apoyo a quienes menos tenían algunas de sus principales banderas frente a décadas de gobiernos priistas.

La pregunta, entonces, es qué sigue.

Continuar y ampliar programas sociales es importante, pero un gobierno también necesita construir respuestas para una sociedad que cambia. Ahí está la diferencia entre administrar una política heredada y ejercer el liderazgo político para construir la siguiente etapa.

Al terminar su informe, la presidenta afirmó: “Vamos bien y tenemos rumbo”.

Vale la pena tomarle la palabra.

¿Vamos bien respecto a qué? Y, sobre todo, ¿cuál es el rumbo?

Porque para conocer los logros, las cifras y la posición cotidiana del gobierno ya existe la mañanera. Un informe anual tendría que ofrecernos algo distinto: qué falta, qué se corregirá, cuáles serán las nuevas prioridades y qué país se pretende construir durante los próximos años.

Y tendría que explicárselo a todos, no solamente a quienes ya están convencidos.

Un informe de labores no debería ser un aplauso entre los propios. Debería ofrecer certeza incluso a quienes piensan distinto.

Porque administrar permite dar continuidad a un gobierno, hacer política exige algo más complejo Y para está la política, decir con claridad hacia dónde queremos ir y convencer a todo un país de caminar hacia allá.

Y eso no lo dejó claro.

Este lunes, a las ocho de la mañana, dos niños entrarán a una escuela pública del Estado de México, recibirán los mismos libros, tendrán las mismas horas de clase y, en el papel, el mismo derecho a la educación. Pero no llegarán en las mismas condiciones.

Uno quizá habrá desayunado bien, dormido lo suficiente y llegará acompañado por alguno de sus padres. El otro pudo levantarse mucho antes, tomar el camión cuarenta minutos, comer poco y despedirse temprano de sus padres porque ellos también tuvieron que salir a trabajar mucho más temprano.

A las ocho estarán frente al mismo pizarrón, pero uno comenzará varios escalones adelante.

Ese es uno de los grandes problemas de nuestra educación, la escuela recibe a niños con enormes diferencias y no logra reducirlas.

Los datos ponen una mala calificación.

El reciente Informe de Movilidad Social en México del Centro de Estudios Espinosa Yglesias muestra que, entre las personas cuyos padres estudiaron primaria o menos, 75 por ciento no alcanzó siquiera el promedio nacional de escolaridad y apenas 9 por ciento llegó a estudios profesionales.

Cuando los padres tuvieron estudios profesionales, 63 por ciento de sus hijos también alcanzó ese nivel.

El CEEY lo resume en una frase: “la educación también se hereda”.

Y hay otro dato preocupante, entre 2016 y 2024, los hogares donde los padres tenían primaria o menos pasaron de recibir alrededor de la mitad de las transferencias educativas analizadas por el CEEY a solamente una cuarta parte.

Quienes arrancan desde más atrás reciben hoy una menor proporción de esos apoyos.

La desigualdad tampoco termina cuando suena el timbre. Un niño puede volver a casa y encontrar computadora, buen internet y ayuda para hacer la tarea. Otro tendrá quizá un teléfono compartido, mala conexión y padres que regresan después de una larga jornada de trabajo y de viaje en transportes.

Y ahora aparece la inteligencia artificial. Mientras algunos estudiantes ya la utilizan para investigar, aprender idiomas o resolver dudas, otros todavía batallan para tener una computadora y una conexión estable. Las diferencias se acumulan.

Por eso educación gratuita no puede significar solamente no pagar colegiatura. Si transporte, alimentación, internet, computadora y otras herramientas para aprender dependen del bolsillo de cada familia, no todos tendrán las mismas oportunidades.

La escuela pública debería servir para emparejar la cancha.

Este lunes millones de niños volverán a las aulas, vestirán los mismos uniformes, y tendrán los mismos libros y pizarrones, pero detrás de ellos habrá realidades muy distintas.

México seguirá reprobando en igualdad de oportunidades mientras el lugar donde nace un niño siga pesando más que lo que hacemos para ayudarlo a llegar más lejos. Porque dar lo mismo a quienes empiezan desde lugares distintos no empareja el piso, deja que la desigualdad también entre al salón de clases.

Cuando éramos niños nuestros papás sabían dónde andábamos. Bastaba con asomarse al zaguán, buscarnos en la calle o preguntar en casa del vecino. Sabían con quiénes jugábamos y quiénes eran nuestros amigos.

Hoy la respuesta parece igual de sencilla: “Está en su cuarto”. Y probablemente sea cierto, Lo que ya no resulta tan fácil es saber en qué mundo pasa varias horas al día.

La mayor transformación de la infancia ocurrió o detrás de una pantalla o en la calle. Las nuevas generaciones crecen en un entorno digital que para ellas es tan natural como antes lo era salir a jugar a la calle. Ahí estudian, se divierten, conversan, hacen amigos, construyen buena parte de su vida cotidiana.

Por primera vez en la historia, muchos hijos conocen mejor ese entorno que sus propios padres. Y esa brecha merece toda nuestra atención, no porque internet sea, por definición, un lugar peligroso, sino porque ningún padre puede acompañar aquello que no conoce.

Durante años enseñamos a niñas y niños a no hablar con extraños en la calle, a no aceptar regalos de desconocidos y a regresar temprano a casa. Hoy ese extraño ya no necesariamente espera en una esquina. Puede aparecer en una red social o en una plataforma de mensajería oculto detrás de un perfil aparentemente inofensivo.

Organismos como UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han advertido que estos espacios digitales también pueden ser utilizados por organizaciones criminales para acercarse a niñas, niños y adolescentes. REDIM estima que entre 145 mil y 250 mil menores en el país se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. Ese dato, por sí solo, debería bastar para entender que los riesgos de la infancia ya no están únicamente fuera de casa.

Pero el problema va también más allá del crimen organizado. Están el ciberacoso, las estafas, la manipulación, la desinformación y la exposición permanente a contenidos que muchas veces los adultos desconocemos por completo.

Mientras el mundo digital cambia a una velocidad vertiginosa, las familias, las escuelas y las instituciones apenas intentan alcanzarlo.

Por eso la respuesta no puede ser únicamente prohibir. Tampoco vigilar cada movimiento, pues es imposible. La mejor protección sigue siendo el acompañamiento.

Vale la pena sentarse alguna vez a jugar con ellos, pedirles que nos expliquen qué aplicación utilizan, con quién pueden conversar, si cualquiera puede escribirles o cómo funcionan esos espacios donde pasan buena parte de su tiempo. Revisar juntos la configuración de privacidad, hablar sobre los riesgos de compartir información personal y mantener una conversación abierta sigue siendo mucho más efectivo que confiar únicamente en un control parental.

Porque educar hoy ya no consiste solamente en preguntar dónde están nuestros hijos, también nos exige interesarnos por los sus nuevos modelos de socialización y entretenimiento.

La próxima vez que veas a tu hijo jugando en su cuarto, quizá no sea suficiente con saber que está ahí.

Tal vez la pregunta más importante sea otra: ¿sabe realmente dónde está jugando?

Y, sobre todo, ¿sabes con quién?

¿Y si la mayor crisis de México no fuera la inseguridad, ni la inflación, ni el bajo crecimiento económico? ¿Y si el verdadero problema fuera que millones de personas están dejando de creer en la cultura del esfuerzo?

El peso de la duda radica especialmente entre los más jóvenes. Cada vez son más quienes se preguntan si realmente vale la pena seguir estudiando, aprender idiomas, ser disciplinado en el trabajo o incluso hacer un posgrado cuando saben que al final, el punto de partida sigue pesando más que el esfuerzo. 

Y cuando una generación comienza a perder esa convicción, el problema deja de ser solamente económico.

Durante décadas, las familias mexicanas hicieron enormes sacrificios porque confiaban en una promesa muy sencilla, que los hijos vivirían mejor que sus padres y los padres mejor que los abuelos. Esa promesa social dio sentido al trabajo cotidiano de millones de personas. No prometía riqueza, prometía progreso.

Hoy esa promesa empieza a resquebrajarse.

No se trata únicamente de una percepción. Los datos del más reciente Informe de Movilidad Social en México, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), con el respaldo de la Fundación Espinosa Rugarcía, muestran que el 73 por ciento de quienes nacen en los hogares con menores ingresos permanece en esa misma condición. El estudio divide a la población en cinco grupos de ingreso, del 20 por ciento más pobre al 20 por ciento más rico, y confirma que pasar del primero al último sigue siendo una excepción. La educación continúa siendo una herramienta indispensable, pero por sí sola ya no logra compensar completamente el peso del origen, y pareciera que ya no recompensa el esfuerzo de años.

Éste no es solamente un dato económico. Es una llamada de atención sobre el tipo de país que estamos construyendo.

Los gobiernos no sólo gobiernan con presupuestos, leyes o programas sociales, también gobiernan con expectativas. Y quizá ninguna expectativa sea más importante que la posibilidad de que una generación viva mejor que la anterior. Esa convicción sostiene la confianza en el futuro, da sentido al esfuerzo y mantiene viva la idea de que respetar las reglas, estudiar y trabajar sigue siendo el mejor camino para salir adelante.

Cuando millones de jóvenes empiezan a dudar de esa promesa, comienza a erosionarse uno de los pilares más importantes de cualquier sociedad. No porque las instituciones desaparezcan, sino porque deja de existir la certeza de que pueden ofrecer oportunidades reales para progresar.

Por eso el mayor reto del Estado mexicano no es administrar la pobreza. Debe ser la construcción de un país donde el esfuerzo vuelva a ser el camino más seguro para mejorar la vida.

Cada gobierno presume las obras que inaugura, los programas que crea o las inversiones que atrae. Pero quizá deberíamos empezar a evaluarlos con una pregunta mucho más sencilla. ¿Están logrando que los hijos vivan mejor que sus padres?

Ésa debería ser la medida definitiva del éxito de cualquier gobierno. Porque cuando un país deja de ofrecer esa posibilidad, no sólo se rompe laescalera social, lo que se rompe, es la esperanza.

Se nos ha dicho siempre, con un orgullo que a veces parece más una carga que un honor, que el Estado de México es el gigante del país. Somos casi 17 millones de personas —uno de cada siete mexicanos— y generamos nueve de cada cien pesos que se mueven en la economía nacional. Somos la segunda economía estatal, el motor que nunca se apaga, la entidad que produce, industrializa y comercia sin descanso. Pero cuando el INEGI llega a la puerta y pregunta: “¿Y usted, qué tan satisfecho está con la vida que lleva?”, el gigante parece encogerse un poco.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 nos dio una calificación de 8.58 sobre 10. La cifra suena bien, hasta que uno se entera de que el promedio nacional es de 8.62 y que, en la lista de las 32 entidades, el motor económico de México ocupa un modesto lugar 20. Producimos mucho, es cierto, pero parece que esa riqueza se queda en los balances de las empresas o en los discursos oficiales, porque no termina de llegar al ánimo de quienes la generan todos los días.

Es una contradicción fascinante y cruel. En el Estado de México vivir cuesta demasiado, y no hablo solo del dinero. Cuesta levantarse cuando todavía es de noche para alcanzar a subir a una combi, un camión o un tren. Cuesta pasar horas de la vida en trayectos interminables, pagando pasajes que suben sin avisar, para regresar a casa con el miedo como compañero de asiento. Cuesta comprobar que, aunque se trabaje más y se produzca más, el ingreso sigue siendo esa manta corta que nunca alcanza para tapar los pies.

Ese desgaste cotidiano explica por qué la riqueza de un estado no siempre se convierte en bienestar. El tiempo que se pierde en el asfalto es tiempo que se le roba a los hijos, al descanso, a la vida misma. La propia encuesta del INEGI lo dice con una claridad que debería asustar: quienes cubren sus gastos con facilidad califican su satisfacción con un 8.99, pero entre quienes “paren chayotes” cada quincena, la calificación cae a 7.98. Resulta que la tranquilidad —esa forma discreta de la felicidad— depende de algo tan básico como saber que se puede pagar una emergencia sin que se desmorone el mundo.

Por eso, cuando escuchamos la palabra “bienestar” en los discursos oficiales, deberíamos sospechar un poco. En los últimos años se ha repetido tanto que parece bastar con ponerle el nombre a un programa social o a una tarjeta de apoyos para que el problema se considere resuelto. Pero el bienestar no se decreta ni se regala en un plástico. Los apoyos ayudan, claro, pero no sustituyen un salario digno, un transporte que no sea una trampa, servicios públicos que funcionen y una atención médica que no sea un calvario.

El Estado de México tiene todo para ser el lugar donde mejor se viva en este país: tiene industria, tiene comercio, tiene gente que no le teme al trabajo. Lo que no tiene es una correspondencia entre lo que produce y cómo vive su gente. No podemos conformarnos con ser los campeones de la estadística económica y quedar por debajo del promedio cuando se pregunta por la satisfacción personal.

La grandeza de un estado no debería medirse por los ceros en su Producto Interno Bruto, sino por la tranquilidad con la que su gente llega al final del día. Porque si producimos nueve de cada cien pesos de este país, lo mínimo que deberíamos esperar es que la vida en el Edomex no nos costara tanto trabajo. Al final, la riqueza que no devuelve bienestar a quien la crea es solo una cifra vacía en un informe de gobierno.

Consideremos a Carlos. Tiene 42 años, trabaja en una empresa de servicios y gana 28,000 pesos mensuales. Su esposa, Mariana, es maestra de primaria y gana 22,000 pesos. Entre los dos suman 50,000 pesos al mes. Tienen cuatro hijos: dos en primaria, uno en secundaria y otro en preparatoria. Viven en una casa que renta por 8,000 pesos. Cuando llegan las vacaciones de verano, como ahora, la gente en las redes sociales comparte fotos de playas y atardeceres. Carlos y Mariana miran esas fotos desde la cocina mientras hacen cuentas.

Empecemos por lo básico. La colegiatura de los cuatro hijos suma 6,500 pesos mensuales. No es una escuela cara. Es una escuela privada modesta, porque la escuela pública en su colonia está saturada. El diplomado que Carlos está tomando para mejorar su posición en el trabajo cuesta 1,200 pesos mensuales. La gasolina del carro, que usa para ir al trabajo y llevar a los niños a la escuela, cuesta alrededor de 4,000 pesos mensuales, aproximadamente un tanque a la semana. El peaje de la carretera que toma cada día: 1,800 pesos mensuales. El seguro del carro: 1,500 pesos. Hace tres semanas se voló una llanta al pasar un bache en la avenida. La reparación costó 1,800 pesos. Eso fue dinero que no estaba presupuestado.

Luego está la comida. Hace un año, el gasto semanal de la despensa en el supermercado era de 3,000 pesos. Ahora es de 4,500 pesos. No están comprando cosas diferentes. Es la misma lista: leche, huevos, pollo, verduras, arroz, frijoles. Lo mismo cuesta un 50% más. El gasto mensual en alimentos es ahora de 18,000 pesos. Eso es más de un tercio del ingreso total de la familia.

Hay más. El teléfono celular de cada hijo: 300 pesos mensuales cada uno, son 1,200 pesos. Pero Carlos y Mariana también necesitan líneas de teléfono para trabajar y estar comunicados. Eso suma otros 600 pesos. El internet de la casa: 1,050 pesos mensuales, porque los aumentos en las tarifas han sido constantes. Netflix, porque los hijos necesitan entretenimiento: 369 pesos. Spotify plan familiar: 239 pesos. Y Canva, que ahora es una herramienta básica que los niños usan para la escuela: 149 pesos mensuales. El dentista llamó hace poco. El hijo mayor necesita brackets. El tratamiento cuesta 18,000 pesos, pagaderos en 12 meses. Eso son 1,500 pesos mensuales adicionales durante el próximo año.

Hagamos la suma. Renta: 8,000. Colegiatura: 6,500. Diplomado: 1,200. Gasolina: 4,000. Peaje: 1,800. Seguro del carro: 1,500. Comida: 18,000. Teléfono: 1,800. Internet: 1,050. Netflix: 369. Spotify: 239. Canva: 149. Brackets: 1,500. Eso suma 47,607 pesos. Y no hemos contado ropa, medicinas, útiles escolares, reparaciones de la casa, o cualquier imprevisto. Carlos y Mariana ganan 50,000 pesos. Les quedan 2,393 pesos para todo lo demás.

Cuando llegan las vacaciones escolares, los gastos no bajan. Al contrario, suben. Los hijos están en casa todo el día. La comida se consume más rápido. Mariana no tiene guardería donde dejar a los dos menores mientras trabaja, así que tiene que pedir permiso sin goce de sueldo. Eso significa que durante las seis semanas de vacaciones, la familia pierde aproximadamente 5,500 pesos de su ingreso mensual.

Entonces aparece la pregunta que Carlos y Mariana se hacen cada julio: ¿cómo hacemos para que los niños no se aburran en casa? ¿Podemos llevarlos a la playa? ¿Al menos a un parque? ¿A comer algo diferente un domingo?

La respuesta es no. No pueden. No hay dinero. No hay margen. Cada peso está asignado. Cada gasto está calculado. No hay sorpresas permitidas, porque una sorpresa significa que algo más no se paga.

Esto no es una historia de lujo perdido. No es nostalgia por vacaciones en Cancún o Acapulco. Es la historia de millones de familias mexicanas que ganan lo suficiente para no ser pobres, pero no lo suficiente para vivir sin ansiedad. Familias que trabajan, que ahorran, que hacen todo bien, y aun así descubren cada mes que el dinero no alcanza.

Lo que sorprende no es que Carlos y Mariana no puedan ir a la playa. Lo que sorprende es que nadie en el gobierno parezca verlos. Los números están ahí. La canasta básica se duplicó. Los salarios no se movieron. Las colegiaturas suben cada año. Los servicios se encarecen. Las herramientas que antes eran lujo ahora son necesidad, y también cuestan. Pero en algún lugar, alguien sigue diciendo que la economía está bien, que hay estabilidad, que hay crecimiento.

Carlos y Mariana no piden vacaciones. Piden que el dinero que ganan alcance para vivir sin hacer acrobacias. Piden que en el supermercado no tengan que elegir entre proteína y verduras. Piden que sus hijos no pasen el verano encerrados en una casa porque no hay dinero para nada más. Piden, simplemente, que la vida sea viable.

Pero mientras las redes sociales se llenan de playas y atardeceres, Carlos y Mariana están en la cocina, con la calculadora, haciendo cuentas. Y descubriendo, una vez más, que no hay forma de que los números cierren. Que la verdadera distancia que los separa del mar no se mide en kilómetros. Se mide en pesos que no existen.