El politólogo alemán Ralf Dahrendorf dedicó buena parte de su obra a demostrar que el conflicto no es una enfermedad de la democracia. Por el contrario, es una consecuencia natural de una sociedad libre. Donde existen ciudadanos capaces de organizarse, expresar inconformidades y defender sus intereses, inevitablemente existirán diferencias, tensiones y conflictos.
La democracia necesita conflicto. Lo que no puede permitirse es convertir el conflicto en un modelo permanente de gobernabilidad.
Vale la pena recordarlo porque durante las últimas semanas millones de personas en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana del Valle de México han vivido las consecuencias de una política que parece cada vez más acostumbrada a administrar crisis que a resolver problemas.
Bloqueos, marchas, plantones, avenidas cerradas, estaciones saturadas y horas interminables perdidas en el transporte se han vuelto parte de la rutina diaria. Mientras dirigentes sindicales y funcionarios negocian en mesas de diálogo, millones de ciudadanos simplemente intentan llegar a su trabajo, a la escuela o a una cita médica.
Los conflictos sociales cumplen una función importante. A lo largo de la historia, muchos avances democráticos surgieron precisamente de ellos. Los derechos laborales, la jornada de ocho horas, el voto de las mujeres o los movimientos por los derechos civiles fueron resultado de ciudadanos organizados para exigir cambios. Muchas veces los conflictos no crean los problemas, simplemente los hacen visibles y obligan a las instituciones a mirar aquello que durante años prefirieron ignorar.
Por eso las protestas forman parte de cualquier democracia sana. Lo preocupante es cuando parece que sólo mediante el conflicto se consigue atención. Cuando un problema únicamente se atiende después de bloquear una carretera, cerrar una avenida o paralizar una ciudad, la señal que reciben todos los demás sectores es muy clara: para ser escuchados primero hay que generar presión.
Y entonces el conflicto deja de ser una excepción para convertirse en una regla.
Los mexiquenses conocemos bien las consecuencias de esa lógica. Miles de personas salen de sus hogares antes del amanecer para recorrer trayectos que en ocasiones superan las dos horas de ida y otras dos de regreso. Cuando una vialidad principal es bloqueada, el caos se multiplica. El Metro se satura aún más, las combis y autobuses resultan insuficientes, los tiempos de traslado se disparan y muchas personas terminan caminando kilómetros adicionales para poder avanzar apenas unos cuantos metros.
Lo que para algunos actores representa una estrategia legítima de presión política, para millones de familias significa agotamiento físico, estrés, gastos adicionales y una calidad de vida cada vez más deteriorada.
Pero existe una consecuencia todavía más delicada. Entre quienes quedan atrapados en medio de estos conflictos también hay personas que intentan llegar a consultas médicas, tratamientos especializados o estudios clínicos que tardaron semanas o incluso meses en conseguir. Para alguien que espera una cita en un hospital de especialidad, perder una consulta puede significar retrasar un diagnóstico o posponer un tratamiento indispensable.
Por eso las democracias maduras no se distinguen porque nadie proteste. Se distinguen porque las instituciones son capaces de escuchar antes de que sea necesario protestar.
Escuchar a tiempo. Dialogar a tiempo. Resolver a tiempo.
Esa es la verdadera función de la política.
Los conflictos son necesarios porque permiten visibilizar problemas y obligan a los gobiernos a corregir errores. Sin conflicto no hay cambio. Pero una democracia no puede vivir indefinidamente del conflicto.
La democracia necesita conflicto. Lo que no puede permitirse es convertir el conflicto en un modelo permanente de gobernabilidad.
Cuando eso ocurre, las instituciones dejan de conducir a la sociedad y comienzan simplemente a reaccionar ante ella. El gobierno pierde la capacidad de anticiparse, construir acuerdos y resolver los problemas antes de que estallen.
Y cuando la política deja de resolver para limitarse a administrar crisis, lo que aparece ya no es gobernabilidad.
Es, simplemente, la política del caos.