Un lunes por la tarde, mientras Naomi y su hermana Victoria circulaban en su Nissan 2017 por la Av. Presidente Juárez de Tlalnepantla rumbo a su casa en Atizapán de Zaragoza, una unidad de tránsito las empareja y les señala el clásico “orillense”.
Ambas estudiantes, una de la facultad de Química de la UNAM y la otra de Enfermería del Hospital Español, no habían reparado que la verificación vehicular de su camioneta había vencido justo un día antes. Jóvenes, sin experiencia en estos trámites, sin conexiones políticas, sin recursos para abogados. No saben que ese error las costaría más de veinte mil pesos y cuatro días de sus vidas.
No pagar la verificación es una infracción administrativa. Nada grave. Pero en el Estado de México, esto desencadena una máquina de extorsión legalizada que hará que dos horas después su vehículo se encuentre a veinticinco kilómetros del lugar donde fueron detenidas. En los próximos días serán obligadas a presentar un catálogo de documentos, pagar multas y hacer pagos “sin comprobantes” para poder recuperar su vehículo.
En pocos minutos una grúa llega. El operador engancha el vehículo sin mediar palabra. Sin explicación. Para ese momento ya había otros elementos de seguridad que rodeaban “sutilmente” la camioneta, acción que intimida a las estudiantes. Naomi y Victoria, acostumbradas a aulas y laboratorios, no a confrontaciones con autoridades, entran en pánico. Solo atinan a llamar a su mamá por teléfono para decirle la situación.
Con una mirada cómplice las oficiales de tránsito avalan las acciones del operador de la grúa, que literalmente les ordena a las estudiantes bajar de su vehículo y sin más, arranca hacia destino desconocido. El auto simplemente desaparece. Así comienza el calvario.
Una vez que les dijeron a dónde llevaron su vehículo, se trasladaron al corralón y después de pagar cuatrocientos pesos de Uber para llegar, en el lugar les informan de forma cortante los requisitos. Necesita la factura original del vehículo. También necesita comprobantes de las últimas cinco tenencias. Tema complicado. La gente no guarda documentos de años. Si el vehículo tiene diez años, ¿cómo recupera tenencias de hace cinco? Además, debe tener pagada la multa de tránsito. Eso significa ir a otra oficina, hacer otra fila, esperar más tiempo, gastar más dinero. También piden identificación vigente y comprobante de domicilio.
Días después reúnen los documentos. Pagan la multa. Regresan al corralón en Cuautitlán. Finalmente, llega el momento de la verdad: ¿cuánto cuesta recuperar su vehículo?
Aquí es donde el sistema muestra su verdadera naturaleza. No hay tarifa oficial publicada en el corralón. El operador decide arbitrariamente. Sin decirlo te hace sentir: “Te cobro lo que quiero porque puedo.” Literalmente. Sin justificación. Sin recibo detallado. Solo la orden: “Sí te quieres llevar tu vehículo tienes que pagar esto”.
Según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, las tarifas oficiales son claras: arrastre desde trescientos noventa y ocho hasta mil pesos, según el peso del vehículo. Resguardo diario de setenta y cuatro pesos para automóviles. Si dejaran su vehículo cinco días en el corralón, el costo oficial sería: mil pesos de arrastre, trescientos setenta pesos de resguardo (cinco días por setenta y cuatro pesos), más la multa de tránsito. Total: aproximadamente seis mil pesos.
Pero en el corralón les cobraron veintiún mil pesos. Nueve mil de resguardo. Tres mil de cuota de administración. Seis mil del arrastre. Tres mil de la infracción; y después desembolsaron otros tres mil quinientos de la verificación extemporánea. En total, veinticuatro mil quinientos pesos. Cantidad que para dos jóvenes universitarias representa semanas de gastos, de comida, de transporte, de libros.
Ante este escenario las estudiantes no tuvieron otra opción: recurrir a un préstamo familiar para poder hacer frente a este acto de corrupción “legalizada”. No hacerlo implica que los costos crezcan y que su día a día de sus traslados sean más complicados. Necesitan moverse.
¿Cómo es posible que esto suceda? La respuesta está en la complicidad estructural.
Este año la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM) ha denunciado públicamente que la SEMOV debe frenar los abusos. Los chóferes denuncian cobros de hasta sesenta mil pesos. Varias concesionarias de grúas han sido denunciadas por cobros excesivos. Pero el sistema continúa.
¿Por qué se lleva el vehículo tan lejos? ¿Hay acuerdo entre la grúa y el corralón? ¿Hay comisión? Sospechoso. Pero el sistema les funciona demasiado bien para ser coincidencia. La grúa llega rápido porque la policía de tránsito la llama. El vehículo es transportado a un corralón distante. El ciudadano enfrenta requisitos imposibles. El corralón cobra arbitrariamente. El ciudadano paga. El corralón continúa operando sin consecuencias.
Volvamos con Naomi y Victoria. Su balance es devastador. Gastaron más de veinticinco mil pesos que no tenían presupuestados. Perdieron cuatro días de sus vidas haciendo trámites, juntando documentos y consiguiendo dinero. Su crimen: no pagar la verificación. Una infracción administrativa. Su castigo: una extorsión legalizada.
¿Cuántos casos cómo este se presentan diariamente en el Estado de México? ¿Cuántos ciudadanos comunes pasan por esto cada mes? ¿Cuántos pagan en silencio? ¿Cuántos no denuncian porque no tienen tiempo ni energía? ¿Cuánto dinero se extrae ilegalmente de los bolsillos de ciudadanos comunes cada mes?
La SEMOV existe. El decreto de dos mil veintiuno existe. Los canales de denuncia existen. Pero el ciudadano está solo.
La próxima vez que veas una grúa enganchando un vehículo, recuerda a Naomi y Victoria. Recuerda que ese ciudadano está iniciando un viacrucis. Recuerda que pagará cuatro veces más que lo permitido. Recuerda que el gobierno sabe. Y no hace nada. Recuerda que podrías ser tú.