Autor: Editor editor

Un lunes por la tarde, mientras Naomi y su hermana Victoria circulaban en su Nissan 2017 por la Av. Presidente Juárez de Tlalnepantla rumbo a su casa en Atizapán de Zaragoza, una unidad de tránsito las empareja y les señala el clásico “orillense”.

Ambas estudiantes, una de la facultad de Química de la UNAM y la otra de Enfermería del Hospital Español, no habían reparado que la verificación vehicular de su camioneta había vencido justo un día antes. Jóvenes, sin experiencia en estos trámites, sin conexiones políticas, sin recursos para abogados. No saben que ese error las costaría más de veinte mil pesos y cuatro días de sus vidas.

No pagar la verificación es una infracción administrativa. Nada grave. Pero en el Estado de México, esto desencadena una máquina de extorsión legalizada que hará que dos horas después su vehículo se encuentre a veinticinco kilómetros del lugar donde fueron detenidas. En los próximos días serán obligadas a presentar un catálogo de documentos, pagar multas y hacer pagos “sin comprobantes” para poder recuperar su vehículo.

En pocos minutos una grúa llega. El operador engancha el vehículo sin mediar palabra. Sin explicación. Para ese momento ya había otros elementos de seguridad que rodeaban “sutilmente” la camioneta, acción que intimida a las estudiantes. Naomi y Victoria, acostumbradas a aulas y laboratorios, no a confrontaciones con autoridades, entran en pánico. Solo atinan a llamar a su mamá por teléfono para decirle la situación.

Con una mirada cómplice las oficiales de tránsito avalan las acciones del operador de la grúa, que literalmente les ordena a las estudiantes bajar de su vehículo y sin más, arranca hacia destino desconocido. El auto simplemente desaparece. Así comienza el calvario.

Una vez que les dijeron a dónde llevaron su vehículo, se trasladaron al corralón y después de pagar cuatrocientos pesos de Uber para llegar, en el lugar les informan de forma cortante los requisitos. Necesita la factura original del vehículo. También necesita comprobantes de las últimas cinco tenencias. Tema complicado. La gente no guarda documentos de años. Si el vehículo tiene diez años, ¿cómo recupera tenencias de hace cinco? Además, debe tener pagada la multa de tránsito. Eso significa ir a otra oficina, hacer otra fila, esperar más tiempo, gastar más dinero. También piden identificación vigente y comprobante de domicilio.

Días después reúnen los documentos. Pagan la multa. Regresan al corralón en Cuautitlán. Finalmente, llega el momento de la verdad: ¿cuánto cuesta recuperar su vehículo?

Aquí es donde el sistema muestra su verdadera naturaleza. No hay tarifa oficial publicada en el corralón. El operador decide arbitrariamente. Sin decirlo te hace sentir: “Te cobro lo que quiero porque puedo.” Literalmente. Sin justificación. Sin recibo detallado. Solo la orden: “Sí te quieres llevar tu vehículo tienes que pagar esto”.

Según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, las tarifas oficiales son claras: arrastre desde trescientos noventa y ocho hasta mil pesos, según el peso del vehículo. Resguardo diario de setenta y cuatro pesos para automóviles. Si dejaran su vehículo cinco días en el corralón, el costo oficial sería: mil pesos de arrastre, trescientos setenta pesos de resguardo (cinco días por setenta y cuatro pesos), más la multa de tránsito. Total: aproximadamente seis mil pesos.

Pero en el corralón les cobraron veintiún mil pesos. Nueve mil de resguardo. Tres mil de cuota de administración. Seis mil del arrastre. Tres mil de la infracción; y después desembolsaron otros tres mil quinientos de la verificación extemporánea. En total, veinticuatro mil quinientos pesos. Cantidad que para dos jóvenes universitarias representa semanas de gastos, de comida, de transporte, de libros.

Ante este escenario las estudiantes no tuvieron otra opción: recurrir a un préstamo familiar para poder hacer frente a este acto de corrupción “legalizada”. No hacerlo implica que los costos crezcan y que su día a día de sus traslados sean más complicados. Necesitan moverse.

¿Cómo es posible que esto suceda? La respuesta está en la complicidad estructural.

Este año la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM) ha denunciado públicamente que la SEMOV debe frenar los abusos. Los chóferes denuncian cobros de hasta sesenta mil pesos. Varias concesionarias de grúas han sido denunciadas por cobros excesivos. Pero el sistema continúa.

¿Por qué se lleva el vehículo tan lejos? ¿Hay acuerdo entre la grúa y el corralón? ¿Hay comisión? Sospechoso. Pero el sistema les funciona demasiado bien para ser coincidencia. La grúa llega rápido porque la policía de tránsito la llama. El vehículo es transportado a un corralón distante. El ciudadano enfrenta requisitos imposibles. El corralón cobra arbitrariamente. El ciudadano paga. El corralón continúa operando sin consecuencias.

Volvamos con Naomi y Victoria. Su balance es devastador. Gastaron más de veinticinco mil pesos que no tenían presupuestados. Perdieron cuatro días de sus vidas haciendo trámites, juntando documentos y consiguiendo dinero. Su crimen: no pagar la verificación. Una infracción administrativa. Su castigo: una extorsión legalizada.

¿Cuántos casos cómo este se presentan diariamente en el Estado de México? ¿Cuántos ciudadanos comunes pasan por esto cada mes? ¿Cuántos pagan en silencio? ¿Cuántos no denuncian porque no tienen tiempo ni energía? ¿Cuánto dinero se extrae ilegalmente de los bolsillos de ciudadanos comunes cada mes?

La SEMOV existe. El decreto de dos mil veintiuno existe. Los canales de denuncia existen. Pero el ciudadano está solo.

La próxima vez que veas una grúa enganchando un vehículo, recuerda a Naomi y Victoria. Recuerda que ese ciudadano está iniciando un viacrucis. Recuerda que pagará cuatro veces más que lo permitido. Recuerda que el gobierno sabe. Y no hace nada. Recuerda que podrías ser tú.

Cada cuatro años, México se detiene para soñar con un Mundial. Discutimos alineaciones, nos ilusionamos con una nueva generación y esperamos el milagro. Sin embargo, la pregunta verdaderamente importante casi nunca nos la hacemos: ¿dónde empiezan esos sueños?

La respuesta no está en los estadios de primer mundo, sino mucho antes: en una cancha de barrio, en un entrenador capacitado, en un violín prestado o en un taller de cartonería. Empieza en un Estado que entiende que el talento —ya sea para patear un balón, para leer una partitura o para iluminar la noche— necesita políticas públicas, no solo buenas intenciones.

Durante mucho tiempo hemos cometido el error de ver las soluciones sociales como competencias. Creímos que inaugurar una plancha de cemento y ponerle dos porterías era la receta mágica para alejar a la juventud de la violencia. “El deporte sana”, decíamos, y es verdad. Pero una cancha vacía a mitad de semana no detiene una bala ni reconstruye el tejido social si no hay una identidad que la sostenga.

Marruecos nos dio una lección en Qatar 2022. Su llegada a semifinales no fue un chispazo de suerte, sino el resultado de años de invertir en infraestructura, academias y formación desde la infancia. Demostraron que el talento florece cuando el entorno lo riega. En el Edomex, en cambio, millones de niñas y niños crecen sin un espacio seguro donde descubrir para qué son buenos. A la falta de infraestructura se suma el miedo: muchas familias ya no dejan que sus hijos regresen solos de entrenar. Cuando una colonia pierde sus espacios públicos, pierde su futuro.

Pero aquí es donde entra la otra mitad de la ecuación, la que a veces olvidamos en el diseño de nuestros municipios: la cultura. El deporte disciplina el cuerpo y la mente, pero el arte genera arraigo y le da voz a quienes el sistema ha silenciado. No compiten; se necesitan mutuamente. Los guantes de boxeo, un castillo de pirotecnia y un instrumento musical son tres escudos distintos frente a la “violencia social”.

Sudamérica lo entendió hace décadas. Venezuela, con su sistema de orquestas juveniles, demostró que el rigor de la música clásica podía transformar los barrios más duros. Bolivia hizo lo propio, implementando programas de arte y música comunitaria que funcionaron como escudos sociales contra la fragmentación. No buscaban crear virtuosos para los teatros europeos, sino ciudadanos con un refugio contra la marginación y un sentido profundo de pertenencia. Ambos países probaron que donde la cultura se convierte en política pública, la identidad florece.

No tenemos que cruzar el continente para ver esto en acción. En el Estado de México tenemos un laboratorio social vivo: Tultepec. Más allá del estruendo y las luces de su pirotecnia, este municipio es un modelo de resistencia cultural que ha perdurado pese a los cambios políticos, los ciclos electorales y las batallas de gobierno de los últimos años. Ha trascendido gobiernos del PRD y de Morena, ha sobrevivido a la desaparición política de legados personales. Lo que permanece es la identidad propia de la comunidad.

Mientras en otras regiones los jóvenes se topan con esquinas dominadas por la desesperanza, en Tultepec se encuentran con escuelas de música comunitaria, talleres y bandas de viento que se heredan como el patrimonio más valioso. En ballet, en música, en pirotecnia y en artes plásticas, Tultepec está muy por encima de la media estatal. No es un accidente. Es el resultado de una comunidad que decidió que su identidad cultural era su mayor fortaleza.

Al combinar la dignificación de sus plazas con el fomento a sus tradiciones —festividades declaradas patrimonio inmaterial, simposios de escultura pública, escuelas de oficios artesanales— Tultepec demostró que el entorno físico cambia cuando el entorno social se llena de identidad. Un niño que sostiene una trompeta o diseña un torito de cartonería, al igual que una niña que domina un balón en una academia bien estructurada, es alguien que difícilmente buscará sentido de pertenencia en las filas del crimen. Porque ya lo encontró. Ya tiene un lugar donde pertenecer.

Falta mucho por perfeccionar, claro está. Hay presupuestos que transparentar, políticas que mejorar, espacios que modernizar. Pero la lección es clara y es contundente: cuando una comunidad invierte en que sus jóvenes corran, canten, pinten y creen, la violencia pierde terreno.

Es momento de que otros municipios del Estado de México miren a Tultepec no como una excepción, sino como un modelo replicable. Es un logro de la sociedad que decidió que la cultura era su escudo.

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) vive hoy en una paradoja que desafía cualquier estadística oficial, mientras los titulares internacionales, las redes sociales y encuestas recientes sugieren que el 89% de los extranjeros residentes se sienten seguros en nuestro país, quienes recorremos diariamente las arterias del Estado de México y la Ciudad de México, percibimos una realidad distinta, una crispación social que ha convertido lo cotidiano en un campo de batalla.

Es fascinante y, a la vez, doloroso observar este contraste en las pantallas y los videos de los creadores de contenido extranjeros, México es un refugio de cultura, calidez, color y una empatía desbordante.

Sin embargo, para el ciudadano de a pie, esa imagen parece diluirse al salir a la calle, donde la seguridad no solo se mide en grandes operativos, sino en la fragilidad de una convivencia que parece salirse de control, no solo de las autoridades, sino de la sociedad misma.

La violencia actual no necesita de grandes detonantes; se ha vuelto cotidiana y carece de tapujos. Basta un incidente de tránsito menor, un empujón involuntario en la banqueta o un automóvil mal estacionado frente a una vivienda para que la furia escale a niveles alarmantes. Esta agresividad al volante y en las calles, que se refleja en el aumento del 23% en los incidentes viales este trimestre, es el síntoma de una sociedad al límite que también se filtra a las escuelas y las aulas.

Mientras tanto, la agenda política parece moverse en otra frecuencia. Se habla de reformas judiciales que posponen elecciones para 2028 y de planes para mitigar la crisis del agua en Naucalpan.

Incluso nos preparamos para los “malabares” logísticos de ser sede del Mundial 2026. Pero ¿de qué sirven los estadios renovados, si los locales hemos perdido la confianza en el vecino y si el transporte público continúa siendo territorio de nadie?

Rumbo al Mundial, la CDMX y el Edomex harán lo imposible por mostrar su mejor cara al mundo; sin embargo, el reto más grande no es logístico, sino social.

Es momento de que las políticas públicas dejen de mirar solo a las cifras de alto impacto y comiencen a sanar la violencia silenciosa de cada esquina. De lo contrario, seguiremos siendo ese país que todos aman visitar, pero en el que cada vez es más difícil convivir.