En el debate político suele mirarse con insistencia hacia el escenario nacional, pasando por alto que la verdadera prueba de fuego de nuestra vida democrática se define en el ámbito local: en los municipios, en las colonias, en las comunidades y en la cercanía cotidiana con la ciudadanía. En el Estado de México, el calendario marca ya una cita determinante: el domingo 6 de junio de 2027. Ese día viviremos una de las jornadas electorales más complejas y trascendentales de nuestra historia contemporánea, y en esa encrucijada el papel protagónico le corresponde a nuestro árbitro de casa: el Instituto Electoral del Estado de México.
Las dimensiones de este reto se comprenden a cabalidad cuando miramos la escala de nuestra entidad. En los comicios intermedios de 2027 estarán en disputa 1,291 cargos de elección popular: se renovarán las 75 diputaciones de la Legislatura local —45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional— y la totalidad de los 125 ayuntamientos mexiquenses, con sus presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Detrás de cada boleta existirá una operación logística sin precedentes. El Estado de México cuenta con el listado nominal más grande del país, con más de 13 millones de electores con credencial vigente. Para recibir y contar su voto, el IEEM habrá de instalar más de 22 mil casillas en más de 7 mil secciones electorales, además de coordinar el trabajo en 45 órganos distritales y 125 juntas municipales. Desde los municipios del sur hasta las zonas metropolitanas más densamente pobladas del Valle de México y del Valle de Toluca, garantizar que el material electoral llegue en tiempo y forma, y que la voluntad popular sea respetada escrupulosamente, exige una precisión milimétrica.
Por ello, para que las elecciones de 2027 gocen de una legitimidad fuera de toda duda, el órgano electoral debe mantenerse firme, respaldado e investido de una auténtica fortaleza institucional. Esto demanda, en primer término, salvaguardar de manera irrestricta su autonomía técnica y funcional frente a cualquier intento de injerencia o presión gubernamental. Un árbitro condicionado o subordinado al poder en turno siempre abrirá la puerta a la desconfianza y al encono. La certidumbre en las reglas y la estricta imparcialidad son la única garantía de que los resultados reflejen fielmente la decisión ciudadana.
En segundo término, la fortaleza del instituto requiere suficiencia presupuestal y operativa. Resultaría contradictorio exigirle máxima cobertura territorial, fiscalización puntual del gasto de los partidos, contención de actos anticipados y blindaje de las casillas, si al mismo tiempo se pretendiera limitar sus recursos esenciales. Regatearle presupuesto al árbitro local nunca será una medida de ahorro, sino un riesgo latente para la gobernabilidad y la equidad de la contienda.
La estabilidad democrática del Estado de México ha costado décadas de acuerdos plurales y madurez cívica. Llegar al 6 de junio de 2027 con piso parejo para todas las fuerzas políticas exige defender hoy la solidez y la independencia del IEEM. Cuidar al árbitro electoral no es una concesión partidista, sino una obligación republicana para asegurar que el rumbo del Estado de México lo decida únicamente la voz y el voto de su gente.