
Durante los últimos 25 años, el Valle de México y el Valle de Toluca han sido el laboratorio de una expansión urbana voraz y sin brújula. Lo que antes eran periferias definidas hoy se ha convertido en una mancha urbana desordenada que devoró municipios enteros y extendió sus problemas más allá de las fronteras administrativas.
Nextlalpan, Huehuetoca, Zumpango, Tecámac, Tonanitla, San Antonio la Isla y Calimaya duplicaron, triplicaron o incluso cuadruplicaron su población durante este periodo, impulsados por desarrollos habitacionales de alta densidad y proyectos de conectividad como el Tren Suburbano y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A ellos se suman Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Nicolás Romero, entre otros municipios que absorbieron a cientos de miles de nuevos residentes.
El problema no es que la población crezca. El problema es que ese crecimiento se autorizó, en demasiados casos, al margen de la infraestructura básica. Se construyeron miles de viviendas sin escuelas suficientes, sin fuentes de empleo cercanas y, sobre todo, sin vialidades capaces de sostener la vida cotidiana de millones de mexiquenses.
Hoy pagamos las consecuencias. Para el ciudadano de a pie, salir a trabajar o regresar a casa se ha convertido en una condena diaria. Basta cruzar el Periférico Norte en hora pico, quedar atrapado en la Vía Gustavo Baz o en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán y Cuautitlán, o padecer el embudo de la carretera México-Pachuca y la Vía Morelos rumbo a Ecatepec y Tecámac.
La lista continúa: la avenida López Mateos para entrar a Atizapán; la salida de Nicolás Romero hacia la autopista La Venta; Paseo Tollocan y la avenida Solidaridad Las Torres en el Valle de Toluca. Y si uno busca escapar del colapso por el Circuito Exterior Mexiquense, el castigo ya no es solo el tiempo, sino también el bolsillo: más de mil pesos en casetas por un viaje redondo convierten el derecho a moverse en un lujo para miles de familias.
A este estrangulamiento se suma el abandono de la autoridad. Las avenidas principales operan como estacionamientos gratuitos día y noche; el parque vehicular de motocicletas crece sin suficiente orden, y el transporte público —saturado por quienes huyen del tráfico— no da abasto.
Ante la ausencia de canales institucionales eficaces para atender las demandas sociales, los bloqueos de arterias impotantes como la México-Puebla, la México-Querétaro o La México-Toluca, se han vuelto recurrentes. Miles de personas pierden horas de trabajo, descanso y convivencia familiar, mientras los gobiernos municipales y estatal evitan asumir el costo político.
Frente a este escenario, las autoridades suelen refugiarse en documentos técnicos. Se habla del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030 y de la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, actualmente en consulta pública. En el papel, sus objetivos son impecables: coordinación entre entidades, gestión integral del agua, contención de la expansión urbana y movilidad segura.
Pero el propio proyecto metropolitano reconoce una verdad incómoda: estos programas orientan y recomiendan; no sustituyen los planes municipales, no crean leyes y no cuentan necesariamente con presupuesto para ejecutar obras locales. Sin mecanismos de cumplimiento y recursos etiquetados, la planeación corre el riesgo de convertirse en retórica institucional.
De nada sirven los diagnósticos sofisticados si los responsables de Desarrollo Urbano y Movilidad siguen actuando como ventanillas de trámites o espectadores del colapso. La planeación urbana no puede ser letra muerta mientras la gente pierde cuatro horas de su vida en el asfalto.
Urge pasar del escritorio a la calle con tres decisiones: primero, recuperar la rectoría de las vialidades, liberar carriles invadidos, ordenar la circulación de motocicletas y aplicar protocolos ante bloqueos, garantizando el libre tránsito sin criminalizar la protesta. Segundo, establecer una moratoria inmobiliaria en zonas sin factibilidad hídrica y vial demostrada. Tercero, dotar de presupuesto real y metas verificables a la coordinación metropolitana para financiar transporte masivo digno y tarifas de peaje más justas.
La metrópoli no necesita otro documento que describa lo que todos padecemos. Necesita decisiones coordinadas, responsables que rindan cuentas y obras medibles en resultados: menos tiempo de traslado, mayor seguridad y una vida cotidiana menos condicionada por el tráfico.
Porque la verdadera política urbana no se mide por el grosor de un plan sexenal, sino por las horas de vida y dignidad que somos capaces de devolverle a la gente.