Cuando quedarse ya no es opción. Primero tienes miedo; después cambias tus hábitos; luego modificas tu vida hasta que un día cambias de casa.
En el Estado de México, más de 67 mil hogares tuvieron al menos a una persona que se cambió de casa por violencia o inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. Esos hogares reúnen a alrededor de 207 mil personas.
El dato es brutal porque mudarse nunca es una decisión menor. Una casa no son solamente cuatro paredes; alrededor de ella organizamos buena parte de nuestra vida: la familia, los amigos, la escuela de los hijos, el trabajo, los vecinos y, muchas veces, el patrimonio familiar de toda una vida.
Para muchas familias mexicanas, tener una casa propia significa décadas de trabajo, ahorro y sacrificios. Cambiarse implica conseguir nuevos empleos, modificar traslados, alejarse de personas queridas, cambiar de escuelas y comenzar de cero la vida cotidiana.
Por eso debemos encender todas las alertas cuando el miedo llega a pesar más que todo eso.
Durante muchos años, cuando escuchábamos hablar de personas que abandonaban su lugar de residencia por la violencia, pensábamos en pequeñas comunidades, pueblos de la sierra o regiones disputadas por grupos criminales. Hoy estamos hablando del Estado de México, el corazón demográfico del país.
Y otro dato ayuda a entender lo que está ocurriendo: la ENVIPE 2026 señala que el 90 por ciento de los adultos mexiquenses considera inseguro vivir en el Estado de México. Además, durante 2025 se estimaron 31 mil 889 víctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes. Nueve de cada diez mexiquenses viven con zozobra.
El miedo no es una cifra abstracta; tiene rostro, calles y colonias concretas. Comienza cuando la esquina donde jugaban los niños se convierte en punto de vigilancia o cobro de piso, y cuando grupos delincuenciales que se sienten intocables, con un arma en la cintura, deciden quién transita y a qué hora.
A esa intimidación se suma el desgaste diario que asfixia a las zonas metropolitanas, particularmente en el Valle de México: traslados eternos de dos o tres horas, calles destrozadas, falta de alumbrado y una tensión colectiva que mina el ánimo ciudadano. En medio de ese estrés y abandono, la convivencia vecinal se marchita y organizarse en comunidad se vuelve cuesta arriba. Cuando el espacio público se abandona y el tejido social se debilita, la delincuencia se adueña del territorio sin encontrar resistencia. Hasta que, para muchas familias, la opción no es resistir, sino tomar la decisión más amarga: “hay que irse”.
Ahí la inseguridad cruzó una frontera inaceptable.
Porque una política de seguridad no puede evaluarse únicamente contando patrullas, detenciones o carpetas de investigación; debe medirse por el derecho que nos han arrebatado a vivir en paz en nuestras propias comunidades.
En esta tarea, los gobiernos municipales tienen una deuda impostergable. No pueden seguir mirando hacia otro lado ni gobernando con el cálculo de la reelección o de la próxima campaña cuando apenas llevan unos meses o un año en funciones. La paz social se construye a ras de suelo: rescatando el parque abandonado, iluminando la calle oscura, arreglando las avenidas y respaldando al vecino para que recupere la confianza en su entorno.
Los más de 67 mil hogares no son un número frío; representan familias, vecinos, compañeros de trabajo o amigos a los que el Estado les falló.
Nadie abandona por gusto el lugar donde construyó su vida. Cuando la violencia obliga a una familia a marcharse, no solo le arrebata la tranquilidad: le quita el derecho a echar raíces donde alguna vez llegó con la esperanza de una vida mejor. Garantizar que nadie más tenga que empacar su patrimonio por miedo exige autoridades que se pongan a trabajar hoy, no políticos que solo piensen en la siguiente elección.