Cuando el gobierno anuncia un festival cultural aparecen carteles, fechas, artistas y fotografías de plazas llenas. Lo que casi nunca aparece con la misma facilidad es la cuenta completa.
¿Cuánto costó? ¿Cómo se contrató a los artistas? ¿Qué empresas se encargaron del escenario, el sonido y la publicidad? ¿Quién decidió la programación?No estamos contra los festivales. La cultura debe salir a las calles, llenar plazas y llegar a todo el Estado de México. También es válido invitar a artistas reconocidos. El problema comienza cuando todo se reduce al nombre más famoso del cartel y nadie explica qué pasó con el dinero público.
La información puede estar repartida entre contratos, partidas y portales de transparencia. Pero si un ciudadano necesita convertirse en investigador para encontrarla y entenderla, entonces no estamos hablando de verdadera rendición de cuentas.La ley obliga a informar sobre presupuestos, contratos y procedimientos de adjudicación. Cumplir no debería significar subir archivos difíciles de encontrar. Debería significar presentar, por cada festival, una cuenta sencilla: cuánto se autorizó, cuánto se gastó, a quién se contrató y qué resultados se obtuvieron.Pero hay otra pregunta que debemos hacer: ¿dónde están los artistas mexiquenses?
En nuestros municipios hay músicos, bailarines, actores, escritores, artesanos, cineastas y colectivos que llevan años trabajando con pocos recursos y casi sin reflectores. Sin embargo, cuando llega el gran festival, no siempre tienen una oportunidad real de ocupar el escenario principal.
Abrir un espacio cuando todavía no llega la mayoría del público no es impulsar el talento local. Invitar a una agrupación sólo para completar el programa tampoco lo es. Dar una oportunidad significa convocatorias abiertas, reglas claras, honorarios justos, buenos horarios y condiciones técnicas dignas.
Tampoco se trata de decidir desde un escritorio qué expresión es cultura y cuál no. La música popular también es cultura. Lo son el teatro, la danza, la literatura, el cine, las tradiciones de los pueblos originarios y las nuevas expresiones urbanas. Por esa diversidad, los festivales públicos no deberían parecer una lista de contrataciones comerciales.
Cada festival tendría que contar con un expediente público y fácil de consultar. Antes del evento, deberían conocerse el presupuesto, los objetivos y los criterios para seleccionar artistas. Después, el gasto final, los contratos y los resultados. No sólo cuántas personas asistieron, sino cuántos talentos locales participaron, de qué municipios llegaron y cuánto se les pagó.Un festival no es exitoso solamente porque llenó una plaza. También debe formar públicos, abrir oportunidades y dejar algo en la comunidad cuando se apagan las luces.
La cultura no puede utilizarse como escenografía del gobierno en turno. Es un derecho y también una inversión social. Si el escenario se monta con dinero de todas y todos, las cuentas también deben estar a la vista.
Que brillen los festivales, sí. Pero que no permanezca en la sombra la forma en que se gasta el dinero.