Cuando una madre lleva a su hijo a un hospital, cuando un estudiante entra a la escuela o cuando una familia denuncia un delito, las instituciones están presentes. También lo están cuando un ciudadano deposita su voto en una urna.
Aunque pocas veces pensemos en ellas, forman parte de nuestra vida cotidiana. De su fortaleza dependen la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la democracia. Como explicó el economista Douglass North, las instituciones organizan las reglas del juego de una sociedad y permiten que nuestros derechos no dependan de la voluntad de quien gobierna.
Por eso, las instituciones deben resistir los vendavales de los malos gobiernos y fortalecerse durante los buenos. Su tarea no es servir a un gobernante ni a un partido, sino garantizar los derechos de la ciudadanía. La democracia, como señaló el politólogo Robert Dahl, no se construye solamente cuando votamos; necesita estructuras que aseguren elecciones libres, participación y libertades políticas todos los días.
México conoce bien esa historia. Durante décadas, el gobierno controló los procesos electorales. En 1990 nació el Instituto Federal Electoral, que alcanzó su autonomía en 1996 y se transformó en el Instituto Nacional Electoral en 2014. Su creación fue resultado de años de luchas democráticas para contar con una autoridad electoral imparcial, capaz de ofrecer certeza, estabilidad y paz social.
Por eso, cualquier señal de debilitamiento debe tomarse con seriedad.
El velo de presuntas irregularidades y actos de corrupción que penden sobre el INE, así como la salida de Guadalupe Taddei de su presidencia —hechos que deben ser plenamente esclarecidos por las autoridades competentes—, han abierto una nueva etapa de cuestionamientos para el instituto. Las acusaciones deben investigarse a fondo y, si existen responsabilidades, sancionarse conforme a la ley. La democracia también se fortalece cuando hay rendición de cuentas y justicia.
Defender al INE no significa blindarlo frente a la crítica ni justificar errores. Significa exigir que cualquier señalamiento se investigue con pruebas, transparencia y debido proceso. Una institución democrática debe estar sujeta al escrutinio público, pero también debe contar con las condiciones necesarias para actuar con independencia e imparcialidad.
El riesgo es que la controversia termine debilitando la confianza ciudadana en una institución que, con sus aciertos y sus errores, ha sido un pilar de la vida democrática del país. El impacto de esta crisis todavía debe medirse, pero la pérdida de credibilidad puede tener consecuencias que trasciendan a su Consejo actual y a la siguiente elección.
Cuando una institución se debilita, las consecuencias no se quedan en las oficinas de gobierno. Se sienten en los hospitales sin atención, en las escuelas sin oportunidades, en los tribunales sin justicia y en las calles sin seguridad.
Por eso, partidos, autoridades y ciudadanía debemos asumir la responsabilidad de cuidar y fortalecer al INE. México necesita un instituto electoral sólido, imparcial y transparente, capaz de recuperar plenamente la confianza pública. Para lograrlo no basta con defenderlo en el discurso: hay que exigir cuentas, vigilar su actuación y participar de manera crítica y responsable en la vida democrática del país.