El sindicalismo mexicano nació para defender la dignidad de quien trabaja: salarios justos, jornadas humanas y condiciones seguras. Era un instrumento de equilibrio frente al poder desmedido del capital. Hoy, sin embargo, en amplias zonas del Estado de México, la palabra «sindicato» no evoca una asamblea obrera ni la defensa de un contrato colectivo; evoca caravanas de camionetas sin placas, calcomanías intimidatorias en parabrisas, bloqueos a punta de golpe y amenazas directas a quien se atreva a levantar una barda o mover un viaje de grava sin pagar peaje.
Lo que estamos presenciando no es lucha gremial; es la proliferación de franquicias de impunidad. Organizaciones que utilizan un registro legal como patente de corso para operar al margen de la ley, erigiéndose en una suerte de repúblicas autónomas donde la única regla es la fuerza bruta y el cobro de piso institucionalizado.
El fenómeno no es nuevo, pero su metástasis sí. En municipios del Valle de México, con Ecatepec como el laboratorio más visible, este modelo lleva años carcomiendo la convivencia y la economía. Sin embargo, la complacencia del poder ha servido de combustible para su expansión. La irrupción de liderazgos a nivel nacional que han hecho del músculo corporativo y la cercanía al régimen un salvoconducto político —con figuras como Pedro Haces y su confederación como referente de un pragmatismo sin escrúpulos— envió un mensaje demoledor a las regiones: tener membrete sindical paga, y paga muy bien.
Al ver la fórmula del éxito ajeno, pequeños caciques y grupos de choque locales en el Estado de México decidieron tramitar sus propios registros o colgarse de siglas nacionales. Así, lo que antes era un conflicto focalizado se extiende con rapidez silenciosa hacia el Valle de Toluca, el oriente y las zonas conurbadas intermedias.
El costo de este chantaje lo termina pagando la ciudadanía. Lo paga el transportista independiente que es extorsionado o golpeado por no afiliarse a la mafia de turno; lo paga la familia que construye un cuarto y ve frenada su obra porque no contrató el acarreo con la organización local; lo paga el comercio asediado por cuotas arbitrarias y lo pagan miles de automovilistas que quedan varados durante horas porque, ante cualquier operativo de tránsito o intento de hacer valer la ley, estos grupos paralizan avenidas estratégicas sin que ninguna patrulla se atreva a intervenir.
Frente a este escenario, la pregunta obligada es: ¿dónde está el Estado? La tibieza institucional es desconcertante. Cuando la autoridad municipal se encoge de hombros y las fiscalías acumulan carpetas de investigación por extorsión y despojo sin dar resultados, el mensaje que se envía es de rendición. Pareciera que una toma de nota sindical confiere una especie de fuero universal, superior a la Constitución y al Código Penal.
No nos equivoquemos: ningún documento expedido por una autoridad laboral autoriza a nadie a extorsionar, despojar predios ni secuestrar vías de comunicación. Tolerar que estos grupos operen como una autoridad paralela no es prudencia política; es renuncia al Estado de derecho y complicidad por omisión. El auténtico sindicalismo merece respeto y defensa. Pero aquello que intimida a los trabajadores, monopoliza el transporte de materiales a base de amenazas y utiliza el choque social para doblar a las instituciones no es un sindicato. Es delincuencia con membrete legal. Si el gobierno estatal y los municipios no frenan hoy este cáncer con la ley en la mano, mañana el Estado de México no estará lidiando con organizaciones laborales, sino con feudos intocables adueñados por completo de nuestras calles.