- Durante la glosa del tercer informe, el legislador del PRD advirtió que detrás de las cifras oficiales hay familias que no pueden llenar la mesa, comunidades sin agua, pacientes sin medicamentos y una ciudadanía obligada a salir a las calles para ser escuchada
Toluca, Méx.— Hay un gobierno que presenta cifras y familias que hacen cuentas. Un gobierno que habla de obras mientras miles de personas siguen esperando una pipa. Un gobierno que presume avances en seguridad mientras en municipios como Ecatepec nueve de cada diez habitantes viven con miedo. Esa fue la distancia que Omar Ortega colocó este martes frente al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, durante su comparecencia ante el Congreso local por la glosa del tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abrió su intervención con una referencia a una de las frases más conocidas del salinismo: “A los perredistas ni los veo, ni los oigo”. La frase, dijo, parece cobrar vigencia frente a una administración que —acusó— ha cerrado las puertas, los ojos y los oídos ante las demandas de las familias mexiquenses.
“Lo grave es que este gobierno cerró las puertas, cerró los ojos e hizo oídos sordos ante las familias mexiquenses”, afirmó.
No habló de la inflación como un porcentaje, sino como el dilema cotidiano de una madre que debe decidir si el dinero alcanza para comprar tortilla, huevo o pollo. La llamada canasta básica, señaló, se ha convertido para muchas familias en una canasta “cada vez más flaca y desnutrida”.
“Ustedes tienen el informe. Ellas tienen las cuentas. Y ustedes tienen el cuento”, sostuvo Ortega.El reclamo se extendió al terreno de la seguridad. Para el representante perredista, ésta no puede reducirse a un indicador ni a una gráfica en el informe gubernamental: debe ser una experiencia reconocible en la vida diaria. Cuando una patrulla provoca miedo en lugar de confianza, planteó, el problema ya no es solamente la delincuencia; también es la autoridad.
En el caso de Ecatepec, citó que nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros. “Nueve de cada diez, una cifra criminal en sí misma”, expresó. Por ello pidió al secretario de Gobierno explicar en qué municipios, regiones o zonas del Estado la reducción de delitos todavía no se traduce en una percepción real de seguridad.El agua fue otro de los puntos donde, a juicio del legislador, el discurso oficial se estrella contra la realidad. Las familias, dijo, abren la llave y no encuentran una sola gota para vivir, por más que el gobierno hable de inversiones, programas y obras inauguradas.
“No me refiero solamente a cuántas obras se inauguraron. Quiero saber cuántas familias dejaron de depender de una pipa gracias a esas obras”, reclamó.
Ortega también cuestionó el Plan Integral de la Zona Oriente, que concentra una inversión pública extraordinaria. Reconoció los rezagos históricos de esa región, pero preguntó por qué otras zonas del Estado, igualmente abandonadas, no cuentan con una estrategia de dimensiones semejantes. Solicitó conocer los indicadores utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados y exigió garantías de que el plan no se convierta en una estrategia electoral.
En salud, la intervención dejó ver una crisis que tampoco cabe en los informes administrativos. Pacientes que dependen de tratamientos para sobrevivir han tenido que cerrar vialidades y manifestarse para exigir atención médica. Ortega puso como ejemplo el Hospital General Dr. Pedro López, en Ixtapaluca, donde familiares y pacientes denunciaron la falta de insumos y fallas en los equipos de hemodiálisis.
Mencionó además movilizaciones en Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Tenancingo, Nezahualcóyotl y Valle de Bravo, así como las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes demandan aumento salarial, mejores condiciones laborales y una solución al déficit de personal y medicamentos.Pero el problema, sostuvo, rebasa al sector salud. También están las movilizaciones estudiantiles —como la de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl—, las protestas de transportistas, piperos y campesinos, y una ciudadanía que encuentra en el bloqueo de calles el último recurso para que las instituciones respondan.
